Bangladesh vivió en 2013 su peor tragedia textil, con el derrumbe de un edificio que causó casi mil 200 muertos y obligó a gobierno, fábricas y firmas extranjeras a efectuar mejoras en un sector clave para la economía del país.

Llovía sobre mojado cuando, el 24 de abril, un complejo de nueve plantas y con cinco talleres que producían para importantes marcas extranjeras de ropa y accesorios se cayó como un castillo de naipes en el suburbio industrial de Savar, en las afueras de Dacca.

En los meses previos a esa tragedia se habían registrado ya graves siniestros textiles, como el incendio que en noviembre de 2012 segó casi 120 vidas en la fábrica Tazreen Fashion, situada en el distrito de Ashulia, también cerca de la capital bangladesí.

Pero el derrumbe del edificio Rana Plaza de Savar, la peor catástrofe del sector en la Historia de Bangladesh y una de las más graves del planeta, abrió una brecha insalvable por muchas razones.

Por la enorme cifra de víctimas (mil 127 muertos y 2 mil 438 heridos), por las tres semanas que el Ejército y los equipos de rescate tardaron en recuperar todos los cadáveres y desescombrar la zona, y por los altos niveles de negligencia.

La Policía había advertido un día antes del derrumbe al dueño del inmueble, vinculado a un importante partido político, de la existencia de grietas, pero el patrón rehusó desalojar el complejo, en el que había erigido ilegalmente varias plantas.

"El derrumbe del Rana Plaza supone un punto de inflexión. Todo el mundo se ha preocupado por las condiciones en el sector de una manera u otra", razonó el vicepresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Textiles (BGMEA), Shahidulá Azim.

La preocupación tiene su fundamento; para Bangladesh la industria textil, con sus 5 mil 400 fábricas y más de cuatro millones de trabajadores -muchos de ellos mujeres-, es posiblemente el sector más importante de su economía.

Las ventas al exterior de productos confeccionados en el país asiático ascendieron el curso fiscal 2012-13 a 21 mil 520 millones de dólares, el 79 por ciento de las exportaciones bangladesíes, de las que Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y España son los principales clientes.

La tragedia de Savar puso el grito en el cielo e hizo temer que la presión internacional a Bangladesh para mejorar condiciones y, por extensión, encarecer ciertos costes de producción, propiciase una desbandada de grandes firmas multinacionales.

En el Rana Plaza producían al menos doce compañías extranjeras -incluidas Benetton, El Corte Inglés, Mango o Primark-, en la incendiada Tazreen Fashion Walmart o C&A, y otras de renombre global lo hacían en talleres que también sufrieron siniestros.

La miseria desnudada por estas catástrofes, propulsada por la conmoción de tres semanas de portadas informativas sobre el Rana Plaza, obligó a las autoridades bangladesíes, las fábricas y las multinacionales a ofrecer cambios cualitativos.

Así, a partir de mayo se sucedieron retahílas de promesas, programas y planes destinados a mejorar la vida de los empleados del textil.

A mediados de julio, se aprobó en el Parlamento una enmienda de la ley laboral que permite a los trabajadores sindicarse libremente, exige que el 5 por ciento de los beneficios anuales se destinen a un fondo social y el pago de indemnizaciones de entre 15 y 45 días de sueldo por despido, fallecimiento o accidente laboral.

Ese mismo mes, administración, sindicatos y representantes del sector ratificaron, bajo la mirada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Plan de Acción sobre Seguridad Antiincendios e Integridad Estructural.

A este acuerdo, que engloba a unas mil fábricas y regula inspecciones técnicas y la existencia de medidas preventivas obligatorias, se sumaron sobre todo compañías europeas.

Las firmas estadounidenses, más reticentes a un excesivo control, firmaron otro pacto en noviembre, la Alianza por la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, también respaldado por la OIT y con un radio de acción sobre medio millar de talleres textiles.

Más allá de seguridad y prevención, el nudo gordiano del conflicto continuó siendo durante meses el salario mínimo del empleado, considerado el más bajo del mundo tras Myanmar (Birmania): 3 mil takas mensuales (38 dólares) por el rango más sencillo.

A lo largo del verano y el otoño, miles de asalariados protestaron con asiduidad y obligaron en ocasiones a cerrar temporalmente cientos de fábricas, hasta que finalmente el gobierno accedió a elevar a 5 mil 300 takas (67 dólares) el sueldo, un 76 por ciento más.

jlc