El técnico Javier Aguirre rechazó hoy hablar con la prensa a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia (este de España), donde estaba llamado a declarar ante la juez Isabel Rodríguez por figurar como imputado en el caso del amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza celebrado el 21 de mayo del 2011, que ganó el Zaragoza por 1-2, equipo que Aguirre entrenaba en aquella época y victoria que le permitió seguir en la Primera División.

“Lo siento mucho pero no puedo decir nada y les pido que lo entiendan”, dijo amablemente a los reporteros de los numerosos medios de comunicación españoles, mexicanos e incluso japoneses reunidos en la puerta de los juzgados desde las 8 de la mañana. “Por consejo de mis abogados no puedo hablar”, añadía tratando de entrar en el recinto rodeado de reporteros, de cámaras de televisión, micrófonos y cables.

Aguirre, que llegó solo y no acompañado por su abogado, es uno de los 42 imputados en el caso en el que también están implicados numerosos jugadores del Levante y del Zaragoza así como directivos de ambos equipos y el propio equipo del Zaragoza. Y ayer fue el último en declarar detrás de Lafita, ex jugador del Zaragoza, de los ex directivos Francisco Checa, Arturo Prieto y Agapito Iglesias, ex dueño del club maño. Tampoco ninguno de ellos quiso hacer declaraciones a la prensa.

Este caso es el mayor caso de amaño de un partido ocurrido en el fútbol español. Según el auto del fiscal anticorrupción Antonio Luzón, Aguirre recibió el 17 de mayo del año 2011 un total de 50 mil euros en su cuenta corriente y dos días antes 35 mil euros más “para satisfacer el acordado pago del soborno”. Y ese mismo día -19 de mayo-, sacó la totalidad por ventanilla según dijo ante el juez, para devolverlo al club. Según sospecha el fiscal, ese dinero se entregó a jugadores del Levante para que se dejaran ganar y no al pago de primas como argumentó el propio Agapito puesto que el partido que les permitió seguir en Primera División todavía no se había jugado. 

Según el Código Penal los implicados de ser declarados culpables podrían ser condenados hasta a penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel, aunque abogados consultados por EL UNIVERSAL coinciden en señalar que una vez celebrado el juicio, que tendrá lugar el año que viene, como mucho se fijarán penas de multas o de inhabilitación.