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Calificada por el PRD como una propuesta “excesiva”, el PRI en la Cámara de Diputados pretende aprobar una reforma de ley para meter a la cárcel hasta por seis años a quien sea acusado de generar violencia en eventos deportivos, como es el caso del futbol.

La iniciativa - impulsada por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones- será discutida y, en su caso, aprobada este miércoles en las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte, y propone la creación de un tipo penal vinculado al deporte.

“Se crea el tipo penal de violencia en el deporte para sancionar con pena de prisión de tres a seis años y multa, así como prohibición de asistir a eventos deportivos de espectáculo, a quienes generen actos de violencia de los previstos en la Ley, así como para quienes violen los lineamientos de seguridad en materia de introducción de objetos o substancias peligrosas o prohibidas en los recintos deportivos”, detalla el dictamen que se pondrá a discusión de los legisladores.

De ser aprobada por el Congreso, la reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte impondrá penas carcelarias progresivas, es decir, propone prisión de hasta tres meses a quienes ingresen sin autorización a los terrenos de juego.

Si el aficionado -al entrar sin permiso a dicha área- agrede o causa daños materiales, la pena de prisión podría subir hasta dos años y de cinco a 30 días de salario mínimo de multa.

A quien lance un objetos que pongan en riegos la salud e integridad de las personas, podría ser acreedor de una pena de hasta dos años de prisión.

La iniciativa también considera viable castigar a quienes generen disturbios en las inmediaciones de los estadios o en los transportes organizados para acudir a dicho evento, como lo hacen las porras de los equipos de futbol.

La propuesta impulsada por Beltrones y los priístas Gerardo Liceaga, José Alberto Rodríguez y Héctor Gutiérrez de la Garza también crea el padrón de aficionados violentos, consistente en una base de datos confidencial conformada con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual serán inscritas todas las personas que hayan sido sancionadas con la prohibición de acudir a eventos deportivos y que será consultable por las autoridades de seguridad pública y por los organizadores de los espectáculos deportivos.

En ese sentido, a quien resulte responsable de provocar una agresión se le impondrá también la suspensión del derecho a asistir a espectáculos deportivos, por un plazo equivalente a la pena de prisión que le resulte impuesta.

En caso de los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sea organizadores o dueños, deberán atenderán las disposiciones en materia de seguridad y protección civil, según corresponda y las indicaciones en la materia que emitan las autoridades competentes; de lo contrario las infracciones pueden ser desde la suspensión temporal o definitiva en la organización de espectáculos deportivos en las instalaciones donde se hayan suscitado actos de violencia o por incumplimientos en los requisitos que ponga en riesgo la seguridad.

De acuerdo con el dictamen, cuando la comisión de un delito resulten daños a bienes de la nación  o afectados servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, intervendrán las federación.

Excesiva

Sin embargo, esta iniciativa no es bien vista por la oposición. En el PRD, los diputados Alfa González y Fernando Belauzarán, así como el ex presidente nacional del sol azteca, Jesús Ortega, la ha criticado y rechazado por ser una ley punitiva, más que preventiva.

Alfa González, integrante de la Comisión de Justicia, considera que esta propuesta no es viable y adelantó que generará mucha polémica entre los espectadores y la afición, porque excede sus funciones.

En un análisis elaborado por la legisladora, consideró como un hecho incuestionable el incremento de sucesos violentos entre grupos de aficionados afines a equipos deportivos, pero insistió que no es viable porque da lugar a que existan varios cuerpos legales sobre el mismo tema; lo cual no sólo constituye una técnica incorrecta, sino que además abona a la confusión sobre conceptos, facultades de la autoridad, procedimientos y sanciones aplicables.