Se ha dicho y escrito repetidamente que don Samuel es responsable del todo, o al menos en parte, del levantamiento. Emilio Rabasa, coordinador del suspendido diálogo con el EZLN y vocero del gobierno federal, así como otros analistas gubernamentales deslizan que la guerra se debe menos al Ejército Zapatista que al obispo y a sus «agentes de pastoral» (La Jornada , 6 de mayo de 1999). El presidente Ernesto Zedillo, en su gira por Chiapas, hizo referencia, el 29 de mayo de 1998, a una «pastoral de la división» y a una «teología de la violencia» como factores determinantes.

El primer mandatario aludía quizás, pues no ha sido entrevistado, a un texto anónimo que circulaba entonces en Chiapas y que justificaba la lucha armada con citas de La Biblia . Se afirma que el obispo Felipe Arizmendi escribió a Samuel Ruiz (aunque no tengo copia del documento) a propósito de dicho texto, señalando que se difundía en la zona de la Sierra Madre de la diócesis de Tapachula, que provenía de San Cristóbal y que, con base en él, cierta gente intentaba fundar municipios autónomos. Recomendaba a don Samuel declarar públicamente que se deslindaba de ese folleto ya que no tardarían en atribuírselo. Así fue.

La campaña contra el obispo Samuel Ruiz no ha cesado. Marco Levario afirmó recientemente en Chiapas, la guerra en el papel (1999) que «el obispo guanajuatense, insisto, también es responsable de la mística revolucionaria, de la justificación de la violencia que cobraría la ilusión de no pocos indígenas chiapanecos» (p. 181). Baste decir que una sección se intitula: «Luego, como Poncio Pilatos».

María del Carmen Legorreta Díaz (1998), si bien incluye la religión en su título, es más equilibrada en sus juicios: «Es imposible explicarse la penetración de una organización políticomilitar en esta región sin el apoyo de la estructura religiosa; igualmente resulta imposible explicarse el porqué dicha estructura y el mismo discurso evangelizador se pusieron al servicio de una propuesta de insurrección armada, fuera del contexto político ideológico internacional y centroamericano.» (p.163)

Propongo responder «sí» a la primera y a la tercera proposiciones y «no» a la segunda («se pusieron al servicio...»). La propia autora distingue cinco condiciones que «determinan» la integración del Ejército Zapatista en las comunidades de Las Cañadas: 1. La oferta de la lucha armada; 2. la cerrazón y el autoritarismo del gobierno estatal; 3. «el respaldo de los agentes de pastoral al trabajo político-militar de las FLN, que llevó a que el mismo discurso evangelizador se pusiera al servicio de la propuesta de insurrección armada»; 4. la crisis de la dirección de la Unión de Uniones; 5. la integración del movimiento armado organizada por caciques; etcétera (pp. 164-165). Sin embargo, la acción de la diócesis, en todo caso, sólo es un factor entre cinco y no está en primer lugar.

En descargo se podría citar al nuncio Justo Mullor: «Rechaza Mullor que Samuel Ruiz haya sido el creador de la guerra en Chiapas.

»Es falso que el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, haya sido el creador de la guerra en Chiapas, señaló el nuncio apostólico en México.

»Justo Mullor García advirtió que la guerra tiene cinco años y el obispo tiene cuarenta en aquella diócesis, entonces, en treinta y cinco años no la ha hecho él, ?esto ya es seguro?.

»Durante un desayuno con representantes de diversos sectores de la sociedad huasteca, el representante del papa Juan Pablo II en el país explicó que ?hay testimonios escritos de que (por los años setenta) el maoísmo propuso a don Samuel Ruiz que ellos harían la labor política y que él efectuara una obra religiosa de transformación en el país, y lo escogieron porque él forma catequistas, había formado gente con mayor conciencia, esto lo tiene por escrito?, aseguró.

»Y uno de los que le proponían a don Samuel Ruiz, esto es, un señor que ha ocupado un cargo importante oficialmente; ?no hablamos de nombres por no hacer política, pero ese señor sabe muy bien que don Samuel rechazó esto?, dijo.

»?Luego llegó alguien que ha nacido por estas tierras, un poquito más abajo, más hacia Tampico, los zapatistas, y también lo mismo, y se creó, pues, lo que se creó?, denunció Mullor García.

»Comentó que, después, el Estado y los zapatistas quisieron que don Samuel fuera intermediador, y le ha pasado lo que le pasa a todo intermediador: ?Se ha puesto en medio, como un sándwich, y le han dado palos por una parte y por otra?.

»Reconoció que después de lo que pasó se le recomendó a don Samuel Ruiz que se separara un poco de esas cosas políticas, dejando entonces la Comisión Nacional de Intermediación, y han pasado varios meses desde que él no habla al respecto y el problema está insoluto; entonces, el problema no es solamente de él.

»Consideró que la Iglesia católica contribuyó a calmar un poco las aguas, y que ?estamos de acuerdo en ayudar, pero deben contribuir el gobierno y los zapatistas, y hay otros actores que están en la penumbra que también debe contribuir?, expresó.»

Sin embargo, como se podría poner en duda el valor de tal declaración o, al menos, menoscabar su relevancia, dada la función diplomática y la línea irenista de quien la pronunció, baste citar al subcomandante Marcos en el mismo sentido: «El campo político en donde entra el zapatismo a construirse es un campo ocupado, no hay vacíos; lo dejó vacío el poder del Estado y lo llenaron la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales (ONG), pero las ONG cristianas [...]. Esta es una influencia que las comunidades permean y filtran para producir otra cosa que no tiene nada que ver con la catedral , ni siquiera con la parroquia.» (subrayado por Jean Meyer; Le Bot, 1997, p. 326) El historiador no puede dejar de recordar a Francisco «el Grande», monseñor Orozco y Jiménez, el controvertido arzobispo de Guadalajara durante los años del conflicto religioso, puesto que antes, como obispo de San Cristóbal, había sido acusado de provocar el levantamiento chamula instigando al jefe de sus catequistas. Este historiador no ha investigado personalmente dicho episodio y por eso no es posible desarrollar una comparación con el otro obispo de la misma diócesis, también acusado de organizar un «ejército catequístico...». Sin embargo, parece justificado traer a guisa de ejemplo la Cristiada. Resulta que el gobierno federal quedó tan convencido de que «el Chamula» era el comandante supremo de la Cristiada, el superior del general Gorostieta, una suerte de «templario», que pidió, a la hora de los acuerdos de junio de 1929, que saliera del país por un tiempo.

¿Fue responsable don Francisco del gran levantamiento cristero? ¿Su discurso evangelizador se puso al servicio de una propuesta de insurrección armada? No cabe duda de que el impulso entusiasta y eficiente que confirió al desarrollo de la Acción Católica, del sindicalismo católico y, finalmente, de la Unión Popular (UP, lo que María del Carmen Legorreta llama «la estructura religiosa»), contribuyó en buena medida a la superioridad de organización de los cristeros en el occidente de la República Mexicana. Él también contribuyó a crear, entre 1913 y 1925, «un amplio movimiento social» del que se aprovechó después la guerrilla. Se manifestó en contra de la suspensión de los cultos y explicó a sus colegas que eso podía orillar al pueblo a la guerra y le dio instrucciones terminantes al maestro Anacleto para impedir que la UP participase en ella. Pero una noche Anacleto llegó corriendo, sin aliento, a decirle: ?¿Se nos fueron los bueyes!? La UP participó en la guerra contra la voluntad de su dirigente (el tuhunel de los tuhuneles de Jalisco) y la del arzobispo. ¿Acaso es culpable de que la «concientización» haya alcanzado tanto éxito? ¿De que los laicos, bien organizados, hayan elegido su propio camino? ¿No existe un paralelo impresionante entre Jalisco en 1926 y Chiapas en 1994? Don Francisco, lanza en ristre, entró en conflicto con los gobernadores y se ganó la fama de beligerante paladín de la Iglesia, aunque estuvo en contra del levantamiento. Sin embargo, cuando empezó la guerra decidió que era deber propio y de su clero acompañar al pueblo. Lo hizo a lo largo de toda la Cristiada.

En suma, se puede afirmar con María del Carmen Legorreta: «Es claro que toda la clase política chiapaneca es la principal responsable de la situación de violencia y de conflicto que se vive. Es la responsable de propiciar lo que llevó a los indígenas de Las Cañadas y Los Altos a la adopción de una oferta violenta [...]. Lo que se debe remediar son las condiciones que llevaron a la población indígena a involucrarse en semejante proyecto suicida. En esto el Estado mexicano tiene una responsabilidad total.» (Enfoque , 7 de marzo de 1999)