Cerca de 750 agentes pertenecientes a la Policía italiana y al cuerpo de Carabineros (policía militar) protegerán los accesos a la Piazza della Scala, donde está previsto que se celebren protestas contra las políticas del Gobierno de Matteo Renzi en las próximas horas.

Además, otros 300 agentes locales asegurarán las calles colindantes para garantizar el acceso al Teatro alla Scala, donde a las 18.00 hora local (17.00 GMT) el maestro Daniel Barenboim dirigirá Fidelio, de Ludwig van Beethoven, para inaugurar la temporada de ópera y ballet 2014/2015 de este templo de la música.

Las butacas del teatro milanés estarán hoy ocupadas por personalidades del mundo del arte, de la cultura, del espectáculo, pero también del ámbito económico y político.

Al evento no acudirán ni el presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, ni tampoco Renzi, líder del Partido Democrático (PD, en el Gobierno), según informan medios italianos.

Sí estarán, sin embargo, el presidente del Senado italiano, Piero Grasso; el ministro de Cultura del país, Dario Franceschini; y, previsiblemente, también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, entre otros.

Ante la gran presencia de miembros de la esfera política nacional e internacional, algunos grupos han organizado a las 15.00 hora local (14.00 GMT) manifestaciones en contra de las políticas que quiere poner en marcha el Ejecutivo.

Las protestas son consecuencia del descontento compartido por una parte de la población, fruto de un momento de crisis económica, en el que Italia está sumida en recesión, con una tasa de desempleo en niveles históricamente altos -alcanzó el 13,2 % en octubre-, con importante deuda acumulada y unas débiles perspectivas de crecimiento de su economía.

A este panorama se suma el hecho de que el pasado 5 de noviembre la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) bajó la nota al país hasta el aprobado bajo y al borde del bono basura, desde el aprobado, o lo que es lo mismo, a "BBB-" de "BBB".

Las concentraciones irán dirigidas a mostrar el rechazo a medidas como la reforma laboral con la que Renzi quiere fomentar la contratación, pero que ha levantado ampollas entre los sindicatos, que han convocado una huelga general para el próximo 12 de diciembre, y también entre las propias filas del PD.

Este proyecto contempla "la relajación de las restricciones para despedir a los empleados con contratos indefinidos y la reducción de incentivos para la contratación de empleados con contratos temporales", tal y como reconoció S&P el pasado 5 de noviembre.

Además, incluye una modificación del Artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores del 20 de mayo de 1970 que protege a los trabajadores de empresas con más de 15 empleados contra los despidos considerados improcedentes y avala su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados en su empleo.

La intención del Gobierno es incentivar el empleo suprimiendo la obligación de reinserción laboral en el caso de despido de naturaleza económica, mientras que quienes sean despedidos por cuestiones discriminatorias recuperarán su puesto de trabajo.

En el primer caso, además, el trabajador solo tendrá derecho a una indemnización proporcional a su antigüedad en el puesto.

sc