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Contrario a los dictados internacionales que en materia de bibliotecas públicas señalan que "ha de formularse una política clara que defina objetivos, prioridades y servicios en relación con las necesidades de la comunidad local", en México la política de adquisición de acervos está determinada por una visión centralista.

Es desde el centro del país que un grupo de funcionarios públicos no expertos en bibliotecas ni tampoco en usuarios de bibliotecas públicas, donde se determina lo que deben leer los mexicanos de todos los confines del territorio nacional.

Aunque desde 2010 el Estado mexicano determinó los Criterios para la Selección de Acervo Impreso y Digital para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, los títulos, autores, enciclopedias, diccionarios, libros y revistas que se adquieren para Fresnillo, Zacatecas; Alvarado, Veracruz; Teotitlán, Oaxaca; Ensenada, Baja California; o Tapachula, Chiapas, son dictados con una visión centralista, pero además en la selección de acervos no participan los bibliotecarios de cada una de las 7 mil 388 bibliotecas públicas que hay en México.

Según las directrices planteadas por el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública, firmado por varias naciones en 1994, en las bibliotecas públicas "ha de asegurarse una cooperación con interlocutores relevantes, por ejemplo, grupos de usuarios y otros profesionales a nivel local, regional, nacional e internacional". Sin embargo, en México es casi imposible cumplirlo porque aunque la Red Nacional de Bibliotecas Públicas depende de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para Cultura y las Artes, en realidad las plazas de los encargados de las bibliotecas están a cargo de los gobiernos estatales, quienes no se rigen por la regla de que el titular debe ser un bibliotecario por profesión.

Fernando Álvarez del Castillo, director general de Bibliotecas de Conaculta, aseguró en entrevista vía correo electrónico que "la política de adquisiciones se basa en un conjunto de criterios que desarrolla la DGB a partir de la normatividad vigente nacional e internacional (Ley General de Educación, Ley General de Bibliotecas, Directrices IFLA/UNESCO, Programa Nacional de Lectura, entre otras) así como en la opinión de expertos", sin embargo -a nivel internacional- las directrices de IFLA/UNESCO, no se cumplen.

Dicho manifiesto internacional también dicta que: "Los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de las distintas comunidades en áreas rurales y urbanas" y enfatiza que: "El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable su formación profesional y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados".

Álvarez del Castillo asegura que en el equipo de trabajo que selecciona los materiales hay técnicos y profesionales en el área de psicología, pedagogía, economía, trabajo social, entre otras, y en el área de adquisición intervienen además de especialistas en administración, comunicación, bibliotecología y contabilidad, un Comité Editorial y otro de Adquisiciones, en el que participan la Dirección General de Administración, Dirección General de Comunicación Social, Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de Publicaciones, Dirección General del Centro Nacional de las Artes y Dirección de Recursos Financieros, con apoyo del Órgano Interno de Control y la Dirección General Jurídica.

De 2008 a la fecha, la adquisición de libros para bibliotecas publicas ha sido más o menos constante aunque variada. Por ejemplo, en 2008 y 2009 destinaron más de 56 millones para libros físicos y unos 8.5 millones para eBooks; en 2010 se incrementó a 96 millones en papel y bajó a 4.8 millones lo digital; pero en 2012 se adquirieron 18 millones en papel y 195 millones en acervo digital. Esto contrasta con 2014, pues hasta la fecha aun no se autoriza presupuesto para ese sector.

No rigen las necesidades específicas

En la adquisición de libros para las bibliotecas públicas del país impera un círculo vicioso; buena parte de los encargados de bibliotecas no son bibliotecarios por profesión ni existe un gran diagnóstico sobre las necesidades particulares y específicas de cada una de las 7 mil 388 bibliotecas. Y esa es una carencia fundamental cuando se trata de nutrir los acervos o formar una biblioteca, según expertos como Valentino Morales López, doctor en Bibliotecología y estudios de la información de la UNAM.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores ha sido uno de los más enfáticos en señalar la necesidad de que se descentralice la compra de acervos. "Si es Red ¿por qué centralizas la adquisición? ¿Por qué no tratar de responder a las necesidades de la comunidad? Se supone que hay por estado una biblioteca central, ¿por qué en lugar de centralizar la adquisición en el Conaculta no se descentralizó a los diferentes estados que deben tener mayor conocimiento de las comunidades?".

Álvarez del Castillo reconoce que "la selección del material se realiza en la DGB por un equipo de trabajo de nueve personas que investiga, organiza, analiza y compila la información bibliográfica para conformar propuestas" y se conforma con base en "un procedimiento que inicia con la recepción de materiales bibliográficos a vistas o en consignación de las diferentes casas editoras y concluye con una propuesta".

El funcionario también asegura que el perfil del usuario de la biblioteca pública es muy amplio: tiene cabida desde el preescolar hasta el de nivel bachillerato, así como público en general con diferentes intereses y capacidades lectoras, incluidos en algunos casos nivel universitario y posgrado.

Los acervos de las bibliotecas públicas del país son sobre todo materiales físicos. Desde 2008 funciona la Biblioteca Digital de la DGB que reporta 4 mil 238 bibliotecas -la mitad del total nacional- con equipo de cómputo y 2 mil 858 con conectividad; sin embargo, de acuerdo con el reporte del INEGI en 2014, 31% de la población en México no tiene acceso a las TIC y 68% no tiene acceso ni a computadoras ni a Internet.