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Desde 1939, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha tenido como tareas investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural del país. A 75 años de su creación, que se cumplen este 3 de febrero, el Instituto celebra sus logros pero también enfrenta diversos retos para la protección del vasto patrimonio del país.

Mayores facultades para tener injerencia en los planes de desarrollo urbano, en las nuevas inversiones de infraestructura que afectan zonas protegidas, en la paulatina modernización de los centros históricos del país, así como el fortalecimiento de su plantilla de investigadores y trabajadores para atender nuevas problemáticas, son dos de los desafíos que señalan investigadores de la institución creada en 1939 por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas.

En el contexto actual, con grandes proyectos de desarrollo, inversiones de infraestructura en los ámbitos del turismo y la minería, la institución enfrenta desafíos importantes, sostiene el antropólogo y abogado especialista en legislación cultural Bolfy Cottom: “El INAH tiene que partir siempre de su ámbito de referencia y no puede estar en el vaivén de si conviene o no a intereses particulares, tiene que partir del interés general que está planteado en las bases jurídicas de su marco normativo”, dice.

Considera preciso que el INAH revise sus convenios con gobiernos estatales y municipales para frenar los casos de destrucción del patrimonio arqueológico e histórico.

Con Cottom coincide el arquitecto Luis Adolfo Gálvez, investigador de la Coordinación de Monumentos Históricos, quien ve urgente establecer una mejor coordinación con los gobiernos estatales para evitar la destrucción de monumentos históricos, como ha sucedido en el centro histórico de Puebla. Y es que para operar mejor, agrega Gálvez, el INAH tiene otro gran pendiente: el reglamento de su Ley Orgánica, que data de 1939 y sigue vigente, pero sin el instrumento que la tendría que hacer operar. “Entre otras cosas, establece que debe haber un conjunto de consejos académicos para poder evaluar, analizar y dar opinión sobre los proyectos de patrimonio cultural de los grandes proyectos públicos y privados. Apostamos a eso porque los consejos tienen una mayor autonomía para poder determinar las afectaciones al patrimonio”, explica.

Pendientes legales

Justo para fortalecer la protección del patrimonio, en marzo de 2013 la Cámara de Diputados aprobó algunas reformas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Sin embargo, siguen pendientes la incorporación de otros temas y conceptos que garanticen la salvaguarda de los bienes culturales del país. La última modificación a esta ley, signada el 28 de abril de 1972 y que es el instrumento legal mediante el cual el INAH protege y salvaguarda el patrimonio cultural, incluyó la actualización de las sanciones para que quienes roben, saqueen, cometan actos de vandalismo o exporten de manera no autorizada bienes muebles arqueológicos, sean castigados de tres a diez años de prisión y paguen multas de cien a tres mil días de salario mínimo; estableció el recurso de garantía de audiencia cuando se realiza la declaratoria de un bien, con lo que se cubrió la laguna legal que ha sido aprovechada por los particulares para interponer amparos en contra de las declaratorias; e incluyó el Patrimonio Cultural Subacuático, que protege “todos los rastros de existencia humana que tengan carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, por lo menos durante 100 años”.

Aunque así hay un gran camino avanzado, Cottom cuestiona que hay otros pendientes; uno de ellos es la protección del patrimonio paleontológico.

Desde 1986, el INAH tiene bajo su jurisdicción la protección de los fósiles, pero los especialistas sostienen que al momento de regular, la Ley Federal sobre Monumentos tiene limitaciones, entre otros puntos porque no existe una distinción entre patrimonio paleontológico y arqueológico. En 1994, el INAH constituyó un Consejo de Paleontología para elaborar una iniciativa de ley sobre este patrimonio; el documento definió los tipos de fósiles y cuáles debían protegerse, pero nunca se concretó.

Otro pendiente es la protección del patrimonio industrial, que va más allá de las fábricas, fundidoras y maquinaria industrial. Si bien las estructuras que funcionaron como fábricas o los espacios donde operaron maquinarias del siglo XX pueden estar en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del INAH o en el de Monumento Artístico del INBA, esto no impide su destrucción, la falta de valoración de su contenido o de los objetos industriales rescatados en excavaciones arqueológicas.

Está además el arte sacro, que al no tener una regulación clara y concreta es uno de los más afectados en el país. El saqueo en las iglesias es un problema que el INAH debe atender de manera urgente, sostiene el arquitecto Jaime Ortiz Lajous. Entre las medidas que se deben tomar, agrega, está la cooperación entre la Iglesia y el Estado, y la creación de un catálogo nacional de arte sacro. “¿Cómo vamos a proteger lo que no sabemos que tenemos?”, cuestiona.

Modificar o no la Ley Federal de Monumentos ha sido tema de debate entre legisladores e investigadores del instituto. Si para algunos es la ley que mejor funciona para proteger el patrimonio y lo único que falta es aplicarla como se debe, para otros es momento de modificarla porque tiene más de 40 años y no contempla problemáticas actuales.

Una alternativa es hacer modificaciones periféricas, considera el ex diputado Alfonso Suárez del Real: “Es una Ley muy completa, lo que ha faltado es hacer adecuaciones periféricas en otras leyes, en otros reglamentos, en otras disposiciones jurídico-administrativas para que le den consistencia, como el fortalecimiento del Código Penal en materia de delitos en contra del patrimonio arqueológico, histórico y artístico”.

Aún con estos desafíos, el INAH sigue siendo un referente para la protección del patrimonio en América Latina y, en opinión de especialistas, en sus 75 años se ha visto rebasado no por su legislación sino por la falta de sensibilidad y respeto de quienes lo han dirigido.

“No es la Ley el problema son los funcionarios del INAH en turno; a veces es un problema de corrupción, de negligencia o de omisión de los funcionarios que, al no defender el patrimonio, se convierten en cómplices de la destrucción”, comenta Luis Adolfo Gálvez.

“El INAH ha sido rebasado por no por su legislación, sino porque muchas veces los jefes se hacen de la vista gorda al aprobar proyectos que destruyen monumentos históricos y la información que hay en el subsuelo”, agrega la arqueóloga Elsa Hernández Pons.