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A unos meses de que se cumplan siete años de la promulgación y entrada en vigor de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que ha vivido entre la discusión y la inoperancia al 100%, existe ya en el Senado de la República una iniciativa para reformar esa legislación en tres temas centrales: ampliación del precio único de 18 a 24 meses en novedades; incorporación de los libros electrónicos al precio único de salida; y el que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sea la encargada de "proteger y vigilar la venta de libros a los consumidores", una instancia que no estaba determinada.

Desde el pasado 4 de septiembre, en las comisiones de asuntos editoriales, de asuntos legislativos y en la Comisión de Cultura del Senado, descansa la "Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro", que para algunos hará perfectible una ley necesaria y que para otros es una iniciativa banal pues se trata de una legislación que nació más muerta que viva, pero sobre todo es una ley más interesada en el precio único que en el fomento de la lectura y el libro.

Esa ley, que ha sido calificada de "muerta" y "chimuela", ha sorteado una historia entre la discusión y la polémica en la última década. Fue aprobada en 2006 por ambas Cámaras, pero fue vetada por el entonces presidente de México, Vicente Fox. De allí pasaron dos años hasta que fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008 por el entonces presidente Felipe Calderón aun cuando se trataba de una ley que requería reformas inmediatas para hacerla viable.

La senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura que encabeza al grupo de legisladores que impulsa la reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro asegura que ha encontrado disposición de sus compañeros por lo que confía en poder presentar antes de que termine este periodo de sesiones un primer dictamen para ser discutido y en su caso aprobado en el pleno.

También sabe que aún es perfectible por lo que realizarán dos foros públicos en los próximos días. El primero es una discusión con la prensa que se realizará el próximo miércoles "para dar a conocer los avances y acuerdos" en el que participarán la senadora Alcalá Ruiz, José Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y Marcelo Uribe, director de Ediciones Era. El segundo encuentro se efectuará el 1 de diciembre durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Pero no todos echan campanas al vuelo; Juan Domingo Argüelles, estudioso de la lectura y el libro asegura que "la mentada" Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, promulgada en 2008, no es ni siquiera una ley para fomentar la lectura y el libro; en realidad es una ley del precio único del libro, pues en esto se centra todo lo que es concreto, y que lo demás sólo son enunciados de buenas intenciones.

"En la mentada ley no hay nada que especifique qué se va a hacer con los que no cumplan con la ley. Esto, se entiende, puede establecerse en el reglamento, ¿pero dónde está el reglamento? La ley de 2008 es una entelequia, una irrealidad. Ahí se establecía, en el artículo 23, que ‘el precio [único] se registrará en una base de datos a cargo del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura [instancia que, luego de seis años, aún no existe] y estará disponible para consulta pública'. Ahora la reforma le quiere endosar esta tarea al Conaculta. Esto es no tener ni la más remota idea de las funciones del Conaculta. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién se lo van a delegar? Y, además, ¿para qué? Esta ley está más muerta que viva", señala Argüelles.

¿Reformar para qué? El pasado 4 de septiembre, el pleno del Senado turnó a las comisiones de Asuntos Legislativos, de Cultura y de Asuntos Editoriales la "Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro". La iniciativa propone específicamente reformas a los artículos 2, 23, 26 y 27; adiciones a los artículos 11, 23, 28 y 29; así como derogaciones a los artículos 15 y 27 en los tres temas citados: extensión del precio único; inclusión de libro electrónico o formatos digitales; y que Profeco sea la instancia reguladora, mientras que Conaculta sea la que tenga a su cargo el registro del ISBN.

Que se haya turnado a comisiones ese es el camino natural de toda iniciativa de reforma, dice la senadora Blanca Alcalá, allí está a la espera de ser analizada y discutida la iniciativa que se propone ampliar de 18 a 24 meses la cláusula el precio único para venta al público de los libros; pero también propone que Profeco, sea la instancia sancionadora, aunque José Ignacio Echeverría dice desconocer si Profeco sabe ya de esta propuesta pues en las reuniones que él estuvo nunca hubo nadie de esa Procuraduría.

"Creemos que es la instancia adecuada porque antes que nada es una instancia de conciliación, porque no se trata deponer multas, sino que se trata de que haya un convencimiento. Ellos no han estado en la discusión, por lo menos yo no he estado en ninguna discusión con ellos", afirma el líder de los editores agremiados en la Camien.

Uno de los temas urgentes no incluidos en la actual ley, es la cuestión del libro electrónico, ahora esta iniciativa incorpora la leyenda "lenguaje o código" además de soporte, para determinar que cuando se habla de libros no sólo tiene que ver con materiales impresos, sino también digitales o electrónicos. La propuesta de reforma señala: "Con dichas modificaciones, la ley permitirá establecer las bases para que el libro electrónico tenga un tratamiento extensivo al libro impreso en los aspectos generales de la definición establecida por ley para que no exista duda respecto de que las disposiciones aplican para todos los soportes".

La senadora Blanca Alcalá Ruiz asegura que todo marcha por buen camino: "Una vez que fue presentada y turnada, nos dimos a la tarea de que los propios actores que están o pudieran estar involucrados, pudieran tener conocimiento de la ley y eso nos va a llevar a que justo el próximo lunes 1 de diciembre tengamos este foro en la FIL de Guadalajara, y a partir de ahí podremos sacar las conclusiones que nos permitan en cuestión de días poder deliberar en el seno de las comisiones unidas, de estudios legislativos y de la propia comisión de cultura".

Y agrega que los encuentros que seguirán sosteniendo con los distintos actores les permitirán recapitular sobre la experiencias de otros países, como Francia y España, y que a partir de esas experiencias "en un mercado donde es imperfecta la demanda" lo que se necesita "es dar instrumentos que posibiliten que sobre todo las que están en condiciones de desventaja, las pequeñas librerías, puedan tener condiciones para poder competir con las grandes cadenas distribuidoras que no necesariamente son librerías y que en ocasiones acaban desplazando a los verdaderos centros de comercialización de los libros".

José Ignacio Echeverría afirma que estos tres son los temas principales que urge reformar, y que lo que quedaría es "afinar un poco los otros aspectos de la ley sobre formación de promotores de lectura, presupuestos para bibliotecas de aula", entre otros.

El fomento a la lectura. La iniciativa de reforma a la ley del libro era un pendiente que se comenzó a trabajar en marzo de 2013, cuando en la Feria del Libro de Mérida, editores y promotores de la cultura propusieron el "relanzamiento de la ley del libro" para proponer modificaciones a esa ley que era ya calificada como ley "muerta" o "chimuela". Las voces se empezaron a sumar a la discusión hasta que comenzaron los encuentros entre los integrantes de la actual Comisión de Cultura en el Senado y los editores -juntos también trabajan otra iniciativa de reforma a la Ley de Depósito Legal-, pero fue hasta el pasado 4 de septiembre cuando publicaron la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y la propusieron ante el pleno, aunque no se discutió y fue directamente turnada a comisiones.

Juan Domingo Argüelles difiere totalmente de este proyecto de reforma y de la propia Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, pues acusa que el precio único del libro es lo que de verdad les importa y que lo demás sólo son enunciados de buenas intenciones.

"Es sintomático el desinterés por la lectura que las pretendidas reformas se concentren en el precio único, que ahora quieren aumentar, en su vigencia (para libros nuevos), de 18 a 24 meses. ¿De dónde sacaron la cifra mágica? Y que ‘en el caso de los libros electrónicos la vigencia será permanente'. ¿Permanente quiere decir para la eternidad? ¿Qué ya estamos en el cielo o en el infierno? En realidad, a despecho de todos los que creímos que el precio único era solución para algo, este mecanismo no ha servido para nada. En todo caso no ha ayudado ni a los lectores ni a los editores ni a las librerías. Por supuesto que estas pretendidas reformas no abordan los problemas de fondo (la lectura misma), sino se centran, como ya dije, en asuntos colaterales. No añadirán nada bueno a una ley que de ‘fomento para la lectura y el libro' no tiene nada", señala el escritor.

jram