Un juzgado de la ciudad peruana de Cuzco declaró infundada la demanda de una familia que reclamaba ser dueña de los terrenos en los que fue levantado el santuario arqueológico de Machu Picchu, según declaraciones oficiales publicadas hoy en Lima.

La familia Zavaleta demandó en 2005 a la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura en Cuzco por la reivindicación y cobro de frutos civiles del fundo Qente y Santa Rita de Qente, terrenos considerados en la actualidad dentro del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu.

Los demandantes exigieron a la corte una indemnización aproximada de 350 millones de soles (125 millones de dólares) por los ingresos de turistas a la ciudadela de Machu Picchu, una de las construcciones emblemáticas del Imperio Incaico y destino turístico predilecto en Perú.

El Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, a cargo del juez Jhon Alfaro, declaró infundada la demanda e improcedentes las tachas formuladas contra los documentos presentados por la Dirección Desconcentrada del ministerio para sustentar que ese monumento pertenece al patrimonio cultural de la humanidad, informó el diario El Comercio.

Por su parte, el director de Cultura en Cuzco, David Ugarte, declaró a Radio Programas del Perú (RPP) que han transcurrido "casi ocho años de estar batallando en los fueros judiciales para frenar una absurda intención de apoderarse de nuestra maravilla del mundo".

"Ahora con absoluta satisfacción podemos decir que sí defendemos el patrimonio cultural de nuestra nación y que Machu Picchu sí es de todos los peruanos y de la humanidad", agregó Ugarte.

El asesor legal de la Dirección Regional de Cultura en Cuzco, Edgar Muelle, explicó a El Comercio que Machu Picchu es del Estado peruano desde 1976 en que se realizan dos procesos de expropiación.

Sin embargo, Muelle dijo que aún hay un juicio pendiente con la familia Abril que también reclama la propiedad de Machu Picchu, través de un litigio abierto en 2004.

Las familias Abril y Zavaleta mantienen desde 2004 y 2005 procesos paralelos con el Estado peruano en el que reclaman la propiedad de las ruinas, en el caso de los Abril, y de 22 mil hectáreas de terreno, en el caso de Zavaleta, que forma en la actualidad parte de los alrededores del Parque Arqueológico Machu Picchu.

Los derechos de propiedad de esas tierras se encuentran registrados legalmente desde el siglo XIX, cuando se inició el registro de la propiedad en la zona, y desde 1944 están a la espera de que el Estado les pague por una expropiación cuyo procedimiento legal nunca se produjo, según la defensa de ambas familias.

En esa fecha, los Abril vendieron el fundo que incluía las ruinas y los terrenos a los Zavaleta, sin embargo, en el documento de venta se señala que los restos arqueológicos no son parte del contrato porque estaban en trámite de ser expropiados.

sc