Un convenio de colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el empresario Isaac Hilú Alfille el 21 de diciembre de 1993, fue el detonante de uno de los episodios más controvertidos de la arqueología mexicana a finales del siglo XX, que dejó un alto costo para el patrimonio y el descrédito para las instancias encargadas por ley de su custodia y conservación.

El documento de 11 páginas, con sellos de ?revisado? por la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH y con las firmas de María Teresa Franco, como directora de ese instituto; Eduardo Matos Moctezuma, director de la zona arqueológica de Teotihuacán; Isaac Hilú Alfille, y el doctor Luis Cedillo Arce, contiene la propuesta para construir un centro turístico y comercial denominado Plaza Jaguares, en el terreno de La Ventilla, a un costado del acceso principal a la ciudad prehispánica, donde se ejecutaba uno de los 12 megaproyectos arqueológicos impulsados por el gobierno salinista.

Esta nueva unidad de servicios, a la que se sumarían dos más en otros puntos de la zona ?El Corzo, cercana a la Pirámide de la Luna, y Manuel Gamio, junto al Centro de Estudios Teotihuacanos?, tenía una particularidad, era promovida por inversionistas privados y se construiría en un terreno de su propiedad.

Incluiría espacios comerciales, áreas culturales, hotel para visitantes, estacionamiento y sanitarios, en una superficie de 120 mil 753 metros cuadrados, copropiedad de Salomón Hilú Hilú, Moisés Hilú Alfille, Isaac Hilú Alfille y Gabriel Hilú Alfille.

Se concedía, a los promotores del desarrollo, un plazo de 120 días hábiles para presentar proyectos ejecutivos, programas de trabajo y especificaciones y para obtener las licencias y autorizaciones correspondientes. Lo que, según el INAH, nunca se cumplió.

Al margen de ello, los inversionistas emprendieron una estrategia de mercadotecnia con folletos que ofertaban los diversos espacios, entre ellos, locales comerciales para ubicar a los vendedores ambulantes, por los que se debía pagar 6 mil nuevos pesos, por metro cuadrado.

El conflicto explotó cuando la construcción ya se encontraba en marcha. EL INAH negó estar enterado y haber dado autorizaciones y procedió a la suspensión; los empresarios se ampararon e interpusieron una demanda en contra del INAH en junio de 1994. Se pusieron sellos de clausura a la obra, que desde entonces no pudo continuar.

Siguieron meses, años, de debate y declaraciones; de movilizaciones sociales en contra del INAH; de demandas penales y de juicio político contra funcionarios acusados de permitir la destrucción del patrimonio (Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Conaculta; Teresa Franco, directora del INAH, y Eduardo Matos, director de la zona de Teotihuacán). Pero estas acciones no prosperaron.

La versión oficial, sostenida desde un principio, atribuyó a los hermanos Hilú haber faltado a los compromisos, alterar el proyecto original puesto a su consideración del INAH y no disponer de los permisos ni de la autorización para la obra (suspendida cuando investigadores y organizaciones sindicales del instituto demostraron la existencia de vestigios prehispánicos en el subsuelo y la afectación de los mismos por la nueva construcción).

Pero había un convenio y los empresarios se defendían con ello.

En febrero de 1995, en plena efervescencia de problema, Isaac Hilú declaró a esta reportera la disposición de él y sus hermanos a replantear el proyecto ?para crear un espacio cultural con talleres artesanales dentro de lo ya construido y dejar un hermoso paseo arqueológico, porque es una belleza lo que se encontró?.

Manifestó su disposición a encontrar una solución al conflicto y negó que existiera interés en continuar el proyecto inicial, cuya inversión ascendía a 25 millones de dólares.

?Se ha hecho tanto ruido como si fuera un Perisur o algo impresionante. Es exagerado. La obra no llega a los 3 mil metros cuadrados construidos en una sola planta.

?En este momento ya no se pretende buscar una utilidad. El centro comercial no era demasiado atractivo comercialmente. Lo importante iba a ser el hotel, de cinco estrellas, con 120 habitaciones, completamente equipado, pues en la zona no existe una infraestructura turística, pero si no se puede hacer, ni modo, tendremos que salir lo mejor librados.?

Dos preguntas cerraron aquella conversación con EL UNIVERSAL. Con ellas se ponían sobre la mesa las dos opciones viables para dar fin a este largo asunto, para entonces politizado con la incorporación de organizaciones partidistas, asociaciones civiles y agrupaciones locales como la de Pueblos Unidos del Valle de Teotihuacán: vender los terrenos a la Federación o arriesgarse a la expropiación. ¿Qué piensa? se le interrogó a Isaac Hilú.

?Creo que en este momento el gobierno no cuenta con presupuesto para adquirir ese tipo de bienes. Si lo tiene sería atractivo para nosotros... No somos gente de pleito sino de negocios. Uno nunca tiene una garantía, ni modo. Tendremos que salir lo mejor librados.?

Hoy, seis años después, con un nuevo gobierno en el país y con un nuevo director en el INAH, los hermanos Hilú reciben la notificación de expropiación.

Ofertas de compra por parte de la Federación sí las hubo ?según versiones oficiales?, ?pero pedían todo, por el terreno y por la construcción?. No hubo acuerdo posible y ahora tendrán que conformarse con un pago estipulado a partir de los precios comerciales por el Comité de Avalúos de Bienes Inmuebles (Cabin).