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La Consejería Jurídica del Distrito Federal entregó a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) la relación de supuestas propiedades de los integrantes de la banda de La flor.

Tras una búsqueda exhaustiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), se detectaron inmuebles a nombre de los secuestradores, pero también encontraron homónimos. Por ejemplo, de Lorena González Hernández, acusada de la logística y operación del falso retén para secuestrar a Fernando Martí, se encontraron tres personas llamadas igual.

La consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, aclaró que es una larga lista de inmuebles y que la Procuraduría investigará para evitar errores.

En tanto, las autoridades policiacas identificaron las propiedades utilizadas durante el secuestro de Martí, según la averiguación previa FZPI/T1/1487/08-08.

En este documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, destaca otra relación de casas de seguridad que fueron usadas por la banda de La flor, localizadas en Conchagua 6, colonia Jardines del Pedregal, en el fraccionamiento Jardines de la Montaña, en Tlalpan; y otras más en Morelos números 56, 34 y 36 de la colonia Tiziclipa, en Xochimilco, entre otras.

En forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal colabora para investigar las actividades financieras tanto de los miembros de la banda como de sus familiares.

Incluso, ya encontró que algunos deben impuesto predial y agua, por lo que harán el cobro de los mismos.

Jorge Silva Morales, jefe de la unidad, dijo que se pidió apoyo de la PGJ, pues tiene facultades indagatorias y puede pedir la colaboración de las autoridades federales.

“Obviamente hay oficios que se han girado por el Ministerio Público para obtener informaciones de carácter bancario y financiero”, subrayó.

En entrevista, confirmó que hay un reporte de propiedades de algunos de los implicado entregada a la PGJDF, las cuales son investigadas. “No siempre los delincuentes tienen a sus nombres las propiedades, también incluyen a sus familiares”, indicó.

En el caso del presunto jefe de esta banda, Sergio Humberto Ortiz Juárez, explicó que su domicilio fiscal está a su nombre y cuenta con inmuebles que son investigados. “Muchos de estos delincuentes tienen prestanombres y es más difícil detectarlos”, comentó.

Silva Morales explicó que esta investigación tiene tres semanas, derivada de los avances de la indagación que realiza la Procuraduría General de Justicia capitalina, la cual “nos mantiene informados y de manera permanente investigamos”.