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En la ciudad de México no habrá retenes y mucho menos Ejército en las calles, advirtió Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), luego que el senador perredista Ricardo Monreal revelara que hay intenciones por parte de autoridades federales de impulsar estas acciones en esta capital.

Durante una reunión de trabajo con legisladores del PRD, de la corriente Izquierda Unida, donde también asistió el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, la dirigente del PRD-DF, Alejandra Barrales, dio a conocer un cierre de filas al interior de su partido para promover las reformas legales que se requieren en apoyo a las 20 propuestas que hizo en materia de seguridad el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

Destacó que antes de recurrir a la militarización de las calles, que es una sálida fácil para las autoridades federales, “hay que impulsar reformas legales”.

Mondragón, por su parte, insistió que es importante reforzar la coordinación con las autoridades federales, un mayor presupuesto y más tecnología para hacer frente a la delincuencia organizada, de lo contrario será difícil enfrentar este problema.

Reiteró que los retenes están prohibidos en la ciudad, con excepción de los que se aplican por el alcoholímetro y los radares de velocidad. “Cero retenes en esta ciudad”, resaltó.

A puerta cerrada, el procurador capitalino propuso a diputados locales y federales, así como a los senadores, que los brazaletes de quienes tienen el beneficio de la libertad anticipada usen un sistema de localización; que la fuerza antisecuestro sea una unidad con autonomía de gestión y que el mando esté a su cargo; así como una mayor coordinación con la Asamblea Legislativa para obtener un marco legal en materia de operativos.

Así también manifestó que es necesario aprobar la Ley de Extinción de Dominio, la condena condicional, las reformas a la ley de Ejecución de Sanciones y a la Ley Orgánica de la PGJDF para adecuar las nuevas funciones de la policía investigadora.

Tanto legisladores como funcionarios, coincidieron que el principal problema es la corrupción y la impunidad, por lo que no es suficiente hacer reformas legales.

El senador Ricardo Monreal, por su parte, indicó que desde el Congreso de la Unión los perredistas no apoyarán la colocación retenes que son inconstitucionales, las modificaciones a los Códigos Penales para hacer más severa las penas en contra de secuestradores, “ni pena perpetua y mucho menos la pena de muerte” que es producto del populismo político porque no resuelve la delincuencia.

En cambio, apoyarán el establecimiento de un fondo para estimular la denuncia anónima, más presupuesto para la compra de cámaras de vigilancia, brazaletes en reclusorios y un mayor control de llamadas telefónicas en cárceles hacia el exterior porque se ha demostrado que 70% de las extorsiones provienen del interior de las cárceles.