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El gobierno del Distrito Federal sigue diversos procesos administrativos y penales en contra de algunos notarios públicos de la ciudad, por supuestas irregularidades como complicidad con coyotes, deficiencias en el servicio y la violación de la ley que los rige.

Tan sólo durante 2007, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal recibió 88 quejas, y se realizaron 44 visitas de verificación a diversos notarios.

Esa dirección en abril pasado desarticuló la operación de una red de coyotaje en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la ciudad de México, donde también encontró diversos casos que son actualmente investigados.

En 2007, el gobierno local inició un procedimiento administrativo en contra del que fuera notario público 149, Alejandro del Valle Palazuelos, debido a la gran cantidad de quejas que ciudadanos habían interpuesto en su contra. El notario renunció en septiembre de 2007, pero antes de dejar el cargo las autoridades locales iniciaron una investigación por parte de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, para determinar si incurrió en responsabilidad fiscal durante el ejercicio de sus funciones.

En junio pasado, el gobierno de la ciudad inició un proceso contra otro notario por presuntas irregularidades que podrían derivar en actos de corrupción, tras descubrir la existencia de una oficina que indebidamente prestaba servicios dentro de un local de autofinanciamiento, y que supuestamente operaba como sede alterna de la notaría 216.

En la denuncia, el gobierno del DF acusó que en el quinto piso de avenida Insurgentes Sur 1235, colonia Extremadura, se localizan presuntas oficinas alternas de la notaría pública 216, a pesar de que la sede de la misma se ubica en la calle San Francisco 409, colonia Del Valle.

El artículo 40 de la Ley del Notariado para el DF establece que un notario sólo podrá contar con una oficina, pero las autoridades encontraron que en el autofinanciamiento laboran dos mujeres, Karina Rojas Noriega y Margarita Bello Catarino, quienes presumiblemente están adscritas a la notaría 216. Contra ambas se pidió la acción penal.

José Ignacio Sentíes Laborde, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, reconoció que hay algunas quejas en contra de notarios, pero no tienen registrados casos de corrupción.

Lo que sí ha detectado es que hay algunos negocios que ofrecen servicios notariales, que no son precisamente realizados por notarios sino por delincuentes que ponen en riesgo el patrimonio de las familias.