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Notaria pública operaba ‘sucursal’

Alberto Cuenca| El Universal
Lunes 16 de junio de 2008
Las autoridades capitalinas investigan más irregularidades cometidas presuntamente por notarios públicos de la ciudad que podrían derivar en actos de corrupción, tras descubrir una oficina que indebidamente presta servicios notariales dentro de un local de autofinanciamiento

alejandro.cuenca@eluniversal.com.mx

Las autoridades capitalinas investigan más irregularidades cometidas presuntamente por notarios públicos de la ciudad que podrían derivar en actos de corrupción, tras descubrir la existencia de una oficina que indebidamente presta servicios notariales dentro de un local de autofinanciamiento y que supuesta-mente opera como sede alterna de la notaría 216.

Dentro de esta indagatoria, también se investiga al titular de la correduría pública 72, Carlos Alfredo Ongay Flores, por haber redactado una fe de hechos para sustentar la operación de la oficina notarial en el local de autofinanciamiento sin tener competencia para ello, pues la expedición de esos documentos es facultad exclusiva de los notarios y no de los corredores públicos.

En abril pasado, EL UNIVERSAL reveló la existencia de una red de coyotaje en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) que operaba con la presunta complicidad del notario 144, Alfredo Miranda, y contra el que hay una investigación de tipo penal.

Durante las investigaciones de las autoridades para desarticular la red de coyotes se detectó la existencia de una notaría pirata frente a las oficinas del RPPC y en el mismo inmueble donde operaba el líder de los seudogestores, José Guadalupe Ruiz Suárez, alias El Perro.

Esa falsa notaría se ostentaba como la número 94, en la calle Carlos J. Finlay número 15 de la colonia Cuauhtémoc, y junto a la entrada principal de esa supuesta oficina se localiza la papelería que era el centro de operaciones de la banda de coyotes detenida.

Pero no era el único caso, pues ahora se indagan las actividades de la notaría 216 por parte de la Procuraduría General de Justicia del DF, pues hace una semana, Raúl Espínola Gutiérrez, subdirector de Notariado en la Dirección General Jurídica del gobierno local, presentó dos denuncias penales.

En la primera denuncia, el subdirector de Notariado acusó que en el quinto piso de avenida Insurgentes Sur 1235, colonia Extremadura, se localizan presuntas oficinas alternas de la notaría pública 216, a pesar de que la sede de la misma se ubica en la calle de San Francisco 409, colonia Del Valle.

El artículo 40 de la Ley del Notariado para el DF establece que un notario sólo podrá contar con una oficina y no deberá ubicarse al interior de un despacho de abogados ni de otros profesionales, empresas u oficinas públicas.

Sin embargo, las autoridades locales detectaron que en las oficinas ubicadas dentro del autofinanciamiento laboran dos mujeres, Karina Rojas Noriega y Margarita Bello Catarino, quienes presumiblemente están adscritas a la notaría 216. Contra ambas se pidió la acción penal.

En una primera indagatoria de carácter administrativo se pidió a la notaria 216, Ernestina Bejarano, que explicara la existencia de esa otra sede en el local de autofinanciamiento, lo que permitió detectar la existencia de la fe de hechos emitida por el corredor público, Carlos Alfredo Ongay, contra quien se presentó la segunda denuncia penal.



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