TOLUCA, Méx.— Al obtener su libertad los 19 mil 51 internos que albergan los 21 penales mexiquenses, difícilmente podrán encontrar un trabajo formal y bien remunerado, no sólo porque 85% carece de preparación secundaria concluida, sino también porque la sociedad no les brinda una segunda oportunidad, advierten especialistas relacionados con el sistema penitenciario mexiquense.

Estudios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del estado de México establecen que menos de 20% de las personas que obtienen su libertad logran reincorporarse a la vida laboral formal y el resto se dedica a realizar una actividad informal o vuelven a delinquir.

“No se confía en quien cometió un ilícito y cuando sale no se puede incorporar a la vida laboral; eso sucede porque se sabe de buena fuente que cuando se está recluido, a veces se adquieren hábitos, vicios o circunstancias con las que no se contaban y pues, se da una especie de contaminación”, comentó Carlos Alberto Pérez Cuevas, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local.

Admitió que el sistema penitenciario estatal requiere intensificar los programas de reinserción social y capacitación para el trabajo, pues la sociedad, en general, tiene una absoluta desconfianza hacia las personas que estuvieron presas y por ello evita darles trabajo, “por el temor a ser asesinada o robada”, comentó.

“Bajo el sistema penitenciario que tenemos ahora no hay una segunda oportunidad para las personas que por una u otra causa estuvieron en alguna cárcel estatal”, comentó.

Jaime Almazán Delgado, comisionado de los Derechos Humanos, consideró que la discriminación que padecen los ex reos puede ser considerada como una violación a sus derechos, pues son estigmatizados y así, difícilmente podrán reincorporarse a la sociedad de forma plena.

“Sí son violados los derechos humanos de las personas que estuvieron recluidas y se les niega el trabajo”, se les niega ese derecho, sólo porque estuvieron recluidos, hayan resultado culpables o inocentes, subrayó.

Consideró que los programas de reinserción social que maneja la dirección de los penales estatales son insuficientes y tienen poca atención por parte de los directivos, lo que deriva en la mayoría de los casos en un rechazo social y el peligro de que vuelvan a delinquir, opinó.

Explicó que las personas que obtienen su libertad, ya sea porque purgaron su condena, se les decretó libertad bajo caución o simplemente fueron hallados inocentes por las autoridades, deben tener un seguimiento muy puntual en su etapa de reinserción a la sociedad, situación que hasta el momento no sucede.

“La Dirección de Prevención de Readaptación Social procura que una vez en libertad, los internos tengan trabajo, pero lo hace en porcentajes muy bajos”, admitió.

Angélica Orozco, con más de 15 años de experiencia en la contratación de personal para empresas del ramo de venta directa, dijo que aquellas personas que solicitan trabajo en puestos directivos y tienen antecedentes penales, no puede proceder su contratación “por razones obvias”.

“Si estuvo recluido por fraude, pues no lo podemos contratar, pues si es para un nivel de gerencia o directivo, imagínate, ya está en antecedentes”, precisó.

Añadió que solicitar la carta de antecedentes no penales a los candidatos a un puesto directivo o incluso de menor nivel, obedece a las políticas laborales de cada empresa.

Aunque, confirmó, que en el caso de los directivos siempre se pide o se investiga más sus antecedentes familiares, personales, laborales y penales.

Admitió que ese mecanismo les cierra la puerta a los ex reclusos y reconoció que en algunas ocasiones los directivos de las áreas de recursos humanos pueden estar cometiendo una injusticia.

“Nos podemos equivocar, porque quizás ya se reivindicó, pero existe cierto tabú, independientemente de que salgan bien en los exámenes que se les practican, si tiene antecedentes penales, no se contratan”, reconoció.

Datos oficiales de la Dirección del Sistema Penitenciario señalan que actualmente sólo 4.5% —857— y 10.5% —2 mil— internos, cuentan con una profesión y estudios técnicos, respectivamente.

Según el reporte-análisis recopilado por los especialistas que realizan perfiles criminológicos, destaca que 4.5 % al ingresar, son los que una vez terminado su proceso legal, después de enfrentar y sobrellevar varios problemas en su entorno laboral y familiar, tienen más posibilidades de reincorporarse a la vida laboral.

En tanto, 77%, es decir, 14 mil630 de las personas recluidas en alguna cárcel con edades que fluctúan entre 18 y 40 años, su proceso de reinserción será más complicado.

En este sentido, los indicadores establecen que 83.6% —15 mil 884 personas que están internadas en estos momentos—, pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), pues están en condiciones de seguir su vida laboral al tener menos de 60 años.

El legislador Pérez Cuevas explicó que las modificaciones que harán al Código Penal estatal tienen como objetivo desgravar delitos —disminuir penas—, así como un esquema de trabajo a la comunidad y de preliberación con brazaletes, lo cual permitirá realizar verdaderos procesos de readaptación.

Comentó que pactarán con algunos empresarios, para que una vez en libertad, los ex reos puedan encontrar una salida laboral rápida y segura.

A su vez, Andrea Alvarado, sicóloga y especialista en el comportamiento de las personas que están privadas de su libertad, comentó que “a las personas que son recluidas en algún penal les quedan pocas oportunidades laborales, pues la misma sociedad en su conjunto, aunque no se da cuenta, se encarga de cerrarles las puertas”, sostuvo.