Cada mes, Don Beto, un lenón que manejaba siete casas de citas tenía que dar mordida a las autoridades de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, para que lo dejaran trabajar.

Así lo denunciaron empleados, meseros y sexoservidoras que fueron detenidos en un operativo que realizó la policía judicial en estos inmuebles, donde se regenteaba y explotaba a las meretrices.

Don Beto está prófugo, sin embargo, logró controlar por varios meses, incluso años, estas casas de citas que le generaban una ganancia mensual de aproximadamente 4 millones de pesos.

Gerardo Monroy, fiscal de la Agencia 50 de la PGJDF, informó que los giros negros funcionaban a discreción de las autoridades delegacionales, por lo que se abrió una investigación para determinar qué áreas recibían dinero de Don Beto.

Las casas de citas clausuradas fueron: La Luna, Las Norteñitas, Babys Elegance, El Winnis, Fasha, Pretty Woman y Venus, en ambas demarcaciones.

Según la investigación, las sexoservidoras eran explotadas, pues como prueba para quedarse con el trabajo tenían relaciones con el propietario de las casas; luego, el primer trabajo de cada día era ganancia para los administradores y en el resto iban a la mitad.

En total fueron detenidas 45 meretrices que una vez que rindieron su declaración quedaron en libertad. La mayoría tenía rotación de turnos y eran movidas de casa en casa para ofrecer sus servicios.

Además, 21 hombres y mujeres quedaron detenidos por el delito de lenocinio, y eran: administradores, camareras, meseros y todo tipo de empleados, quienes serán enviados al Reclusorio Oriente.

De las siete casas, cuatro operaban en la Gustavo A. Madero y tres en Azcapotzalco. En los cateos la policía judicial encontró las bitácoras de servicio que daban las prostitutas a lo largo del día, también objetos sadomasoquistas y 35 mil pesos en efectivo.

El gancho para obtener el trabajo era anunciarse en periódicos y ofrecer un salario semanal de 9 mil pesos para realizar actividades de tipo secretarial.

El fiscal de la agencia 50 indicó que por este delito se harán acreedores a una pena de entre dos y 10 años de prisión, así como una multa de 5 mil días de salario mínimo.

El Ministerio Público investiga en el Registro Público de la Propiedad a quien pertenecen estos inmuebles y se rastrea posibles cuentas bancarias de Don Beto.

En las declaraciones ministeriales algunos empleados refieren que para poder funcionar sin problemas con la ley, algunas autoridades pasaban por una cuota.

“Mordidas, dádivas para no ser molestados”, subrayó el fiscal.