Después de 10 horas y media de discusión, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer las reformas al Código Penal y la a Ley de Salud que despenalizan el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación.

Las modificaciones cambian el tipo penal sobre la interrupción del embarazo, es decir, sólo se tipificará como un delito a partir de la semana 13 y se castigará a la mujer que lo practique desde ese momento, con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

Esta reforma se aprobó con 46 votos, de los diputados del PRD, PRI, Nueva Alianza y la Coalición Socialdemócrata que integran el PT, Convergencia y Alternativa. Los 17 asambleístas del PAN y dos del PVEM votaron en contra, en tanto que el priísta Martín Olavarrieta fue el único que se abstuvo de emitir su sufragio.

Presente en el salón de sesiones e inmediatamente después de que se aprobó el dictamen en lo general, la presidenta del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, insistió en que ese partido buscará la inconstitucionalidad de las reformas, pero a través de las comisiones Nacional Derechos Humanos o del DF, o en su caso desde la PGR, que son las instancias facultadas para impugnar el decreto.

Reconoció que los diputados locales albiazules deberán acudir a esas instancias ya que por sí mismos no tienen el número de legisladores suficiente para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el artículo 105 de la Constitución establece que se requieren como mínimo 22 asambleístas para presentar una acción de inconstitucionalidad.

Con las reformas aprobadas por los legisladores se considerará a partir de ahora un delito grave obligar a una mujer a abortar, y se impondrán de cinco a ocho años de cárcel a quien fuerce a la mujer, sin derecho a salir libre bajo fianza. Si en este caso mediara violencia física o moral, la pena de prisión se incrementará de ocho a 10 años.

Durante la discusión del dictamen que remitieron las comisiones unidas de Salud, Equidad y Procuración de Justicia, los diputados del PAN argumentaron que el documento esta plagado de vicios de procedimiento, se contradice con la Constitución porque ésta tutela el derecho a la vida y no sustenta científicamente por qué un feto menor de 12 semanas no se considera un ser vivo.

Los panistas lamentaron a lo largo de la discusión que no se haya tomado en cuenta la exigencia de 74 mil ciudadanos que a través de sus firmas, depositadas en la oficialía de partes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde el pasado lunes, pidieron llevar el tema a referéndum. "Ustedes no quisieron contemplar la opinión de la ciudadanía, eso es progresismo, porque (para ustedes) es reaccionario pedir un referéndum, pero es progresista el negarlo", expuso en tono irónico el panista, Jorge Romero.

En defensa de las modificaciones, los diputados que impulsaron las reformas insistieron en su defensa de los derechos a decidir y de la vida de las mujeres; dijeron que de esta forma se garantizará una atención médica integral y sin riesgos para la mujer que decida abortar; argumentaron que el dictamen se apega al reglamento de la Asamblea.

"No difamen a la ciencia; vayan al Instituto de Investigaciones en Filosofía Celular de la UNAM, será un placer invitarlos para que les den una cátedra de qué es el feto, qué es el embrión, qué es el ser humano", expuso el perredista Salvador Martínez Della Roca, quien agregó que las verdades científicas no se ponen a discusión, sino que se analizan en comunidades científicas.

"Después de que se vote (el dictamen), espero que otra intelectual no vaya a chillar ni vaya a andar de chismosa y todo mundo sabe quién es esa intelectual", agregó el legislador en referencia a la dirigente albiazul, Mariana Gómez.