A cuatro años del multihomicidio de siete personas, cinco de ellas integrantes de la familia Narezo Loyola, el inmueble ubicado en la calle de Cuitláhuac 186, de la colonia Toriello Guerra, donde ocurrieron los crímenes, sigue sin venderse y deshabitado.

A pesar del intento por vender esta casa, los familiares de Ricardo Narezo Benavides, el padre de esa familia, nadie se ha interesado en esta construcción donde se registró el asesinato de dos menores de edad y cinco adultos.

Por este caso se dictó una de las condenas más altas de la historia, de 381 años y cuatro meses de prisión, a Orlando Magaña, un vecino que decidió en complicidad con otro sujeto entrar a robar a la familia Narezo Loyola.

En las paredes de este inmueble se encontraron las manchas de sangre de los cuerpos que fueron arrastrados en los pisos del baño, cuartos y jardín.

El 15 de noviembre de 2002, fueron asesinados Ricardo Narezo y su esposa, Diana Loyola Bautista, así como sus hijos Ricardo Narezo Loyola, de 20 años y las pequeñas Andrea y Diana, de 13 y 10, respectivamente.

Los asesinos también acabaron con la vida de dos empleadas de limpieza, Margarita y Cecilia, quienes fueron amordazadas para callar sus gritos.

El 30 de noviembre de 2002, Orlando Magaña fue entregado por familiares luego de permanecer oculto en diferentes domicilios de otros estados de la República y del Distrito Federal.

Hijo de un comandante de la Policía Judicial Federal, Orlando Magaña vivía en el número 178 de la misma calle en la que residían sus víctimas.

El gran pendiente para la PGJDF fue la detención del presunto cómplice de nombre Jorge Esteva o Esteban, a quien Magaña intentó responsabilizar de los siete crímenes para aminorar su culpa.

De este múltiple crimen sobrevivió Juan Pablo Quintana, un adolescente que era amigo de la familia, quien tras permanecer varios meses en hospitalización debido a las lesiones de gravedad que recibió, responsabilizó y reconoció a Orlando Magaña como el autor de dichos homicidios.

A pesar de que Magaña fue recluido y sentenciado en el Reclusorio Preventivo Oriente, las autoridades del Distrito Federal lo trasladaron al penal de Puente Grande en Jalisco, al considerarlo un reo de altísima peligrosidad.

El juez encargado del caso dictó 384 años de prisión, aunque la defensa de Magaña apeló la resolución y logró disminuirla tan sólo tres años, quedando en 381 años de condena, una de las más altas.