El partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene lista la iniciativa de Ley de Sociedades en Convivencia, que retoma gran parte de los postulados planteados por una primera propuesta que data de 2002, como la unión jurídica entre dos personas del mismo sexo, sin que necesariamente exista trato sexual entre ellas, pero con el deseo de compartir una vida en común y el sustento.

Hoy, los diputados locales de Alternativa, Jorge Carlos Díaz Cuervo y Enrique Pérez Correa, darán a conocer en conferencia el contenido de esa iniciativa; estarán acompañados por el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de la fracción del PRD, Víctor Hugo Círigo, así como por los legisladores Ricardo García, del PT, y Alejandro Ramírez, de Convergencia.

La semana pasada, Víctor Hugo Círigo, también presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea capitalina, aseguró que la fracción perredista apoyará esa propuesta, pues forma parte de los ejes programáticos del sol azteca, y comprometió el voto favorable de los 34 asambleístas de ese instituto político, quienes por si solos tienen el número suficiente de curules en el órgano legislativo para aprobar esa iniciativa.

La propuesta establece que las sociedades en convivencia deberán registrarse para efectos legales ante las direcciones jurídicas de las delegaciones en donde se vaya a establecer el hogar, y se regirá en los términos de un concubinato.

Además, se advierte a los "convivientes" que de permanecer separados por más de tres meses sin causa justificada, la sociedad terminará, pues uno de los principios rectores de esa sociedad sería la voluntad de permanencia y ayuda mutua.

Una innovación de esta propuesta es que si una autoridad se niega a registrar la sociedad, los interesados podrán interponer un recurso de queja en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del DF.

En 2002, la entonces diputada capitalina Enoé Uranga, integrante de la comunidad lésbico-gay, presentó la primera iniciativa de ley sobre esta materia; la propuesta fue calificada por grupos conservadores como una legislación que permitiría las bodas entre homosexuales. En noviembre de 2003, durante la tercera Legislatura la ley se aprobó en comisiones, sin embargo nunca se pasó a su votación al pleno con el argumento de que se requería de una mayor discusión.

La iniciativa que se dará a conocer hoy retoma la mayor parte de aquella propuesta de Enoé Uranga, tal y como se muestra en un cuadro comparativo entre ambos documentos, pero en la exposición de motivos del nuevo texto se aclara que el objetivo principal es garantizar los derechos, por la vía de la legitimación, de aquellas relaciones afectivas a las que el derecho mexicano no reconoce; esa determinación ha creado situaciones de injusticia, desigualdad y discriminación, se lee.

Entre los requisitos que se imponen para crear una sociedad en convivencia se destacan contar con derechos jurídicos plenos, estar libre de matrimonio y no formar parte de otra sociedad.

La iniciativa establece también que para crearse esta sociedad, al solicitarse el registro de la misma debe precisarse la manera en la que se regirán los distintos bienes patrimoniales, por lo que se podrá apelar a figuras ya existentes en la legislación vigente, como la copropiedad, la donación o el usufructo.

También se establece que si uno de los integrantes de la sociedad actúa de mala fe, el otro tendrá derecho a ser resarcido de los daños y los perjuicios que se le ocasionen.

No podrán celebrar sociedades en convivencia los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta en cuarto grado.

Entre los "convivientes" se generarán derechos de sucesión, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la sociedad, sin embargo, se establece que si hay decisiones que afecten a terceros, "se tendrá por no puesta toda disposición pactada".