Tanto autoridades locales como federales han menospreciado la aplicación del programa integral en materia de adicciones que se lleva a cabo ya en algunos planteles privados porque temen perder sus empleos al aprobar proyectos que sobrepasan lo convencional.

Así lo señalaron representantes de dos empresas dedicadas a la detección oportuna del consumo de drogas mediante pruebas antidoping, quienes dijeron haberse acercado sin éxito al Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis) del DF, a la SEP y a la delegación Iztapalapa.

Devor Diagnósticos SA de CV, comentó su director comercial y representante legal, Carlos Dantant Arias, cuenta con un fondo de ayuda especial para programas en beneficio de la comunidad y por cada peso que aporte la autoridad en pruebas toxicológicas, la empresa podría dar otro.

Sin embargo, sus propuestas no han trascendido en el ámbito público, pese a haber formulado el porgrama Juventud de Calidad, dirigido a las escuelas de calidad del DF, en el que participarían los Centros de Integración Juvenil con información y rehabilitación.

Como parte de la labor social que realiza, en octubre del 2002 Devor Diagnósticos absorbió los costos de la aplicación de 500 exámenes antidoping a estudiantes de la secundaria diurna 282, en Gustavo A. Madero, a petición del entonces diputado local panista Víctor Hugo Gutiérrez.

Pero las críticas sobre la presunta violación a los derechos de los escolares impidió continuar con el programa piloto que, sin embargo, ha sido acogido por las instituciones educativas de corte privado, con la variante de que es personal de Oceánica y no de los Centros de Integración Juvenil el que imparte cursos y talleres.

Eduardo Sandoval, director general de Diagnose SA de CV, dijo que cada vez más colegios de paga muestran interés en aplicar el programa integral en materia de adicciones, toda vez que, se estima, los papás tardan dos años en percatarse de que sus hijos consumen drogas.

La desinformación sobre el tema y el desconocimiento de medidas efectivas para disminuir el consumo entre los estudiantes es lo que ha trabado algún acuerdo con las autoridades: "todo lo quieren resolver con prevención y eso no es posible", comentó.

Cuestionada al respecto, Sylvia Ortega Salazar, titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, consideró que "intervenir a la escuela, hacerla una cárcel, inspeccionar, no sirve; te resuelve de momento a un costo muy alto".

Rechazó que el consumo de enervantes entre estudiantes sea un problema de las escuelas y ellas tengan toda la responsabilidad del cuidado de niños y adolescentes.

Dijo no tener evidencias del consumo de sustancias adictivas al interior de los planteles, pero "eso es lo de menos... Si la policía no hace su trabajo, si la impartición de justicia no hace lo suyo y las organizaciones no gubernamentales no nos siguen ayudando, la escuela puede muy poco".

Dijo que en la capital del país hay 180 planteles en entornos altamente peligrosos a los que se les da seguimiento puntual.