Representantes vecinales de cinco delegaciones acordaron impugnar y ampararse contra la Ley de Participación Ciudadana, durante un foro organizado por EL UNIVERSAL.

Enterados de la entrada en vigor de la norma (que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal apenas el lunes pasado en la noche) los vecinos decidieron interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del 16 de junio.

También anunciaron otras medidas como un juicio de amparo contra la legislación; una campaña de difusión para rechazarla y explicar sus razones, y entrevistas con legisladores locales y federales de oposición incluso disidentes del PRD para que los orienten sobre los procedimientos legales.

En el foro, donde participaron 29 representantes de diversos puntos de la ciudad, reconocieron que los comités vecinales no han funcionado, pero hicieron notar que la ley no subsana esos errores, sino que busca controlar acciones civiles para encauzarlas al proyecto del PRD que pretende llevar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Compararon el contenido de la ley con organización de los comités populares de Cuba, diseñados para controlar la participación ciudadana en esa nación.

Demandaron regresar a la figura de jefes de manzana y presidentes de colonia, esquemas más simples, donde los vecinos tenían el control de las acciones gubernamentales.

De hecho, argumentaron que cuando las autoridades notaron esa condición, idearon otro esquema para recuperar el poder.

Explicaron que esos cargos también eran honoríficos, pero el menos las autoridades habían designado espacios para sus tareas y otorgaban la infraestructura mínima, como mobiliario y papelería.

"Debemos retomar la lucha, porque el gobierno ha tomado a los ciudadanos como objetos para que le hagan la chamba y no cobren", sentenció Gilda Villalba, representante vecinal de la Benito Juárez.

"En realidad no habría necesidad de crear ningún comité ciudadano si los funcionarios cumplieran sus tareas", señaló otro asistente de la delegación Coyoacán.

León Konik, de las colonias Roma e Hipódromo-Condesa, explicó que la estructura de la Ley de Participación Ciudadana aprobada por la mayoría del PRD en la ALDF, funciona de manera estructurada para que sólo ocho representantes rindan informes a la Jefatura de Gobierno y reciban línea sobre acciones a emprender.

Así, describió que en el primer círculo vecinal se incluyen miles de personas integrantes de comités ciudadanos, de los cuales se designa a un representante por cada comité. Más arriba el esquema contempla un consejo ciudadano compuesto por un representante de cada delegación, es decir, a 16 personas, y en la cúpula ocho miembros de la Mesa Directiva, en contacto con la Jefatura de Gobierno.

En otro asunto, los representantes desaprobaron que el costo de las próximas elecciones vecinales en abril del 2005 llegue a 50 millones de pesos. Recordaron que cuando se organizaban las elecciones para jefes de manzana, los propios residentes prestaban sus casas y vigilaban los comicios, sólo con la supervisión de los órganos electorales, lo cual no representaba ningún costo al erario público.

Demandaron que el dinero se devuelva a la Tesorería del Gobierno capitalino, para que se destine a programas de mayor utilidad para la ciudad.