La ejecución de detenidos a manos de policías judiciales o preventivos se repite a lo largo de los años, lo mismo que los actos de tortura, por lo que dichas prácticas no han sido erradicadas, pese a que las autoridades en turno advierten que no se tolerarán más, destacó el diputado Arturo Barajas del PRI.

Los números revelan que de las casi 7 mil quejas que recibe la CDHDF al año en promedio, cerca de 70 por ciento es contra policías y agentes del Ministerio Público.

Tan sólo en su primer informe de labores, el ombudsman capitalino afirmó que las detenciones arbitrarias, por parte de cuerpos policiacos, así como la tortura por parte de custodios de reclusorios y agentes judiciales es aún una práctica muy frecuente.

De Arturo Durazo a Marcelo Ebrard

En el recuento de las ejecuciones que se han dado, destaca la ocurrida cuando operaba la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), al mando de Sahagún Baca; eran tiempos del general Arturo Durazo Moreno como titular de la Dirección General de Policía y Tránsito, mientras que la procuradora era Victoria Adato.

En el río Tula aparecieron ejecutados una docena de centroamericanos, entre ellos un taxista mexicano. Los responsables de la ejecución, según las indagatorias de ese entonces, señalaron directamente a policías judiciales del grupo Jaguares , pertenecientes a la DIPD.

Estos judiciales ejecutaron a los centroamericanos, al no poder seguirlos extorsionando, ya que se dedicaban al asalto de bancos y robo de joyerías.

El taxista era chofer de los ejecutados y a la vez familiar de uno de los agentes judiciales, por lo que al conocer sus ilícitas actividades, también fue ejecutado por los representantes de la ley, según las indagatorias de la misma policía de ese entonces.

Tiempo después, durante un sismo en la ciudad de México, se vino abajo el inmueble que daba cabida a la Policía Judicial, ubicada en Niños Héroes.

De entre los escombros del sótano se rescató sin vida a presuntos delincuentes de origen colombiano, los cuales estaban atados de pies y manos, y con aparentes huellas de tortura.

Familiares de los occisos manifestaron que éstos fueron torturados por los agentes judiciales, y no descartaron que algunos hubiesen muerto antes de que se derrumbara el inmueble.

Después, en las instalaciones de la Policía Judicial, ubicada entre las calles de Topacio y Jesús María, se encontró muerto y en la cajuela de una patrulla de la corporación, a un comandante del estado de México.

Se trató del comandante Estanislao Alcalá, quien fue privado de su libertad por agentes judiciales del DF, en un aparente ajuste de cuentas por un homicidio cometido en agravio del hijo de un comandante capitalino.

Por esos hechos, se destituyó a los 12 titulares de las 12 comandancias.

Años más tarde (1997), se registró la ejecución de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires, a manos de los grupo Zorros y Jaguares , de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes los detuvieron durante un enfrentamiento.

El inicio de los hechos tuvo lugar en la calle de Doctor Lucio y Doctor Andrade, colonia Doctores, donde se registró una balacera entre miembros del grupo Zorros y Jaguares contra presuntos delincuentes.

En el lugar quedó sin vida un presunto delincuente, identificado como Guillermo Faustino Ramírez, así como un policía de nombre José Pedro Pasarán Hernández.

Fueron detenidos seis jóvenes, a los cuales se les subió a un camión de la SSP, siendo ése el último día en que sus familiares los vieron con vida.

Al día siguiente, tres de ellos identificados como Juan Carlos Peralta Romero, de 17 años; Daniel Colís Enciso, de 21, y Óscar Iván Mora Lecea, de 18, fueron localizados sin vida en las Minas de Tláhuac. Cada uno de ellos presentaba lesiones por disparo de arma de fuego en el cráneo.

Casi 20 días después, en el kilómetro 20 de la carretera PicachoAjusco, se localizaron tres osamentas, las cuales, según la Procuraduría, pertenecían a Ángel Leal Alonso, Carlos Alberto López Inés y Morales Acevedo; es decir, los otros tres jóvenes detenidos por policías de la SSP.

En ese entonces, fungía como procurador Lorenzo Thomas, y como titular de la SSP, el general Enrique Tomás Salgado Cordero.

Los grupos Zorros y Jaguares fueron disueltos, y varios uniformados quedaron en prisión por su responsabilidad en la detención y ejecución de los seis jóvenes.

El legislador Arturo Barajas denunció este tipo de ejecuciones de ciudadanos o presuntos delincuentes a manos de policías, que previamente los detienen, vuelve a aparecer.

Apenas el mes pasado, Guillermo Vélez, a quien se le señaló como dirigente de la banda de secuestradores Ántrax , murió minutos después de ser aprehendido por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Se dijo que tras de ser capturado, se le torturó y le causaron lesiones que culminaron con su muerte; el responsable de ello, según las indagatorias, se dio a la fuga.

Días después, el militar José Gabriel Martínez Romero murió, luego de ser sometido por elementos de la SSP, cuando escenificaba un escándalo en un hotel de calzada de Tlalpan.

Tras ser sometido por varios policías, se le subió a una camioneta pánel para ser llevado a una agencia del Ministerio Público hacia instalaciones de la PGR, sólo que en el trayecto murió.

Más recientemente, Josué Ulises Banda Cruz, de 17 años de edad, fue detenido por policías preventivos, cuando ingería bebidas embriagantes dentro de un coche; sólo que al intentar refugiarse en casa de un familiar, recibió un balazo por la espalda.

Los uniformados lo hicieron abordar una patrulla, aunque calles adelante fue abandonado en la banqueta: ya estaba muerto.

Al respecto, el legislador Arturo Barajas comentó que esos casos han salido a la luz pública porque hubo testigos y se hicieron las denuncias, pero cuántos casos habrá, dijo, que no se conocen.