Las familias que ahí vivían fueron desalojadas cuando el predio no valía ni el desperdicio con el que se rellenó, pero ahora se calcula que tiene en un valor de 700 dólares el metro cuadrado. Los antiguos habitantes y las autoridades se disputan la posesión del pedazo de tierra

A dos años y siete meses del desalojo de familias que ocupaban un tiradero de basura en Santa Fe conocido como Tlayapaca, se reavivó el conflicto por la posesión de este predio de 137 mil metros cuadrados que hoy se ubica en la zona más cara de la ciudad.

Los antiguos habitantes bloquean desde hace ocho días los accesos al terreno, que antes no valía ni el desperdicio con el que se rellenó y que hoy, según los manifestantes, se calcula en un valor de 700 dólares el metro cuadrado.

Por la nueva movilización, las autoridades de la delegación Álvaro Obregón acusan a los manifestantes de querer sacar provecho de nueva cuenta, de un predio que cedieron en 1996 a cambio de dinero o de una reubicación en Tláhuac.

De acuerdo con el director de Jurídico de la delegación, Héctor Chávez Guzmán, los ex habitantes invadieron Tlayapaca después de 1996, aun cuando habían aceptado irse, y presionaron para ser de nueva cuenta indemnizados. "Quieren ser revendedores por tercera ocasión", acusa.

Lo cierto es que el precio por el terreno en Tlayapaca ha aumentado en estos dos años, pues debe incluirse la inversión adicional que se hizo después del 30 de diciembre de 1998, cuando apoyado con un impresionante despliegue policiaco, el gobierno del Distrito Federal desalojó a los habitantes del terreno.

A partir de junio de 1999, la inmobiliaria Poniente Santa Fe tomó posesión del terreno que le compró en 100 millones de pesos a la empresa gubernamental Servicios Metropolitanos (Servimet).

Como titular del predio, la inmobiliaria invirtió otros 130 millones de pesos, para indemnizar a los desalojados, limpiar, bardear y acondicionó ese inmueble, que el 28 de junio del año 2000 vendió al Tecnológico de Monterrey y en donde hoy se desarrolla el campus Santa Fe.

El más afectado por los bloqueos en Tlayapaca es el propio Tecnológico, que planeaba inaugurar sus instalaciones el 13 de agosto e iniciar sus clases tres días después.

Si en una semana no se retira el bloqueo, las autoridades de esa institución educativa tendrán que repartir a los alumnos ya inscritos para Santa Fe en los campus de estado de México o Periférico Sur, expone el rector del primero de éstos, Emilio Alvarado.

A pesar de que el tiempo se agota, el Tecnológico rechazó la propuesta del gobierno de la ciudad, para usar la fuerza pública y liberar el terreno.

El bloqueo

Desde el 26 de julio pasado, los que fueran pepenadores de último tiradero de la ciudad, Tlayapaca, bloquearon los accesos al predio. Impiden el paso del material y los vehículos usados para la construcción del "Tec", que lleva 90 por ciento de avance en las obras.

Argumentan la ilegalidad de la desincorporación y de los varios procesos de compra y venta del antiguo relleno sanitario. Exponen que el Tecnológico de Monterrey construye de manera ilegal su nueva sede.

Dicen ser propietarios de este predio cotizado en dólares, al exponer que los ampara un decreto presidencial del 5 de octubre de 1988, en el cual se lee: "Como consecuencia de la clausura del tiradero de basura de Santa Fe, el Departamento del Distrito Federal, con el fin de reubicar a los pepenadores que se encontraban asentados en dicho lugar, ha iniciado dentro del mismo predio la construcción de la Unidad Habitacional Tlayapaca".

Ese decreto autorizaba la desincorporación sólo de cuatro de las 13 hectáreas de Tlayapaca en favor de los pepenadores, a lo cual, Santiago Hernández Ventolero, representante de los ex pobladores, dice que el conjunto habitacional se desarrollaría en 41 mil metros cuadrados, pero dispersos en los 137 mil metros totales del terreno.

Según este representante, el decreto tiene vigencia y por ello el predio no puede venderse a particulares.

Sin embargo, 10 años después, el 15 de diciembre de 1998, el entonces jefe de gobierno de la ciudad, Cuauhtémoc Cárdenas, emitió un nuevo decreto de desincorporación del mismo predio.

"Ese documento fue la preparación de Cárdenas para justificar la venta de Tlayapaca a particulares", acusa Santiago Hernández.

De acuerdo con ese documento, la desincorporación contempló 4.1 hectáreas, pero faltaba por desincorporar el resto de la superficie y así se ordenó. El decreto del perredista autorizó la enajenación del terreno a favor de Servimet, quien lo vendió a la inmobiliaria Poniente Santa Fe y esta a su vez al Tecnológico de Monterrey.

¿Desincorporación irregular?

Según los ex habitantes de Tlayapaca, la ilegalidad en el proceso de desincorporación que autorizó Cuauhtémoc Cárdenas quedó demostrado cuando el 13 de noviembre del año 2000, la Dirección de Inventario Inmobiliario del gobierno de la ciudad reconoció en el oficio 3371 que el predio en cuestión se encuentra contemplado en el decreto de desincorporación de 1988.

Además, el 29 de junio de ese mismo año, el Registro Público de la Propiedad (RPP) respondió a los pepenadores que no se tenían antecedentes registrales de Tlayapaca.

Más aún, Hernández Ventolero destacó las pruebas a su favor, obtenidas a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que otorgó en mayo pasado a los ex habitantes de Tlayapaca una copia del original del plano 1305, con base en el cual debía construirse la unidad habitacional.

La venta al ?Tec?

La venta del predio al Tecnológico de Monterrey despertó sospechas entre los ex habitantes de Tlayapaca, al argumentar que en el RPP y luego de un año de celebrado el contrato, no hay información de ese proceso, según consta en la copia del folio real expedida el pasado 23 de mayo.

El acto de compra venta del predio Tlayapaca se formalizó en Monterrey, Nuevo León, ante el notario público número 12 de aquella ciudad. Sin embargo, los ex colonos acusaron la ilegalidad de este procedimientos, al argumentar que con base en el artículo 81 de la Ley de Notariado de esa entidad, un fedatario sólo puede actuar dentro de su adscripción.

De acuerdo con esa ley, la compra venta debió registrarse en el RPP 30 días después del hecho.

Según explica el representante Santiago Hernández, las cuentas recientes de predial no aparecen a nombre del Tecnológico, sino de Poniente de Santa Fe.

Pero además, la cuenta predial única (07623601005) del Tecnológico, inscrita en la licencia de construcción no se localizó en el archivo de la Unidad Departamental de Archivo de la Secretaría de Finanzas, según consta el oficio 2220/2001 que esa dependencia entregó el 20 de junio de este año a Santiago Hernández Ventolero.

Al presentar estas pruebas, el representante de los ex habitantes de Tlayapaca reclama un alto a las burlas y advierte que nadie se moverá del bloqueo iniciado el pasado 26 de julio.

El ?Tec? responde

Según el rector del Tecnológico en el campus Estado de México, Emilio Alvarado, la adquisición de Tlayapaca se hizo de manera legal y se puede demostrar, ya que se tiene toda la documentación. Dijo que si falta información en el RPP sobre la compra del terreno es porque esos procesos tardan un tiempo en concluir.

Se tienen escrituras, una fe notarial del contrato, a nombre de la institución Enseñanza e Investigación Superior, AC, "que nos representa", argumenta.

Expone que el "Tec" no quiere caer en la provocación iniciada con el bloqueo del predio y si tiene que haber una negociación en ésta deben participar los inconformes y las autoridades, pero no el Tecnológico.

"No vamos a pelear, nosotros somos rehenes de esta situación", dice el rector, quien asegura que fue totalmente legal la formalización del contrato ante un notario de Monterrey.

Servimet da su versión

De acuerdo con director de Servimet, Carlos Heredia Zubieta, los ex habitantes de Tlayapaca no tienen derechos sobre el terreno, porque en 1999 la inmobiliaria Poniente Santa Fe indemnizó a 700 familias y pagó para ello un total de 91 millones de pesos.

Recuerda que el asunto fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pues algunas familias se quejaban de que no recibieron su pago, sin embargo, ésta archivó el caso, pues los interesados no se presentaron a dar seguimiento.

Explica que el notario público 89 dio fe de los pagos, para que el proceso fuera lo más riguroso y vigilado posible. Las cantidades fluctuaron entre los 30 mil y los 200 mil pesos, según el tiempo que habían vivido ahí los pobladores y la superficie que ocupaban.