La supuesta red de corrupción, que José Parcero López encabezaba en la delegación Gustavo A. Madero, se refiere a ventas fraudulentas, operaciones con empresas fantasmas, gastos no comprobados, adquisiciones ficticias y contratación de familiares, entre otros ilícitos, según un expediente entregado a esta redacción en junio de 1998.

Además, aparece la comisión de un homicidio no aclarado contra el ingeniero Ángel Garcés Sandoval, quien fue encontrado muerto con dos tiros en el rostro, el 15 de diciembre de 1997, en el municipio de Villa Nicolás Romero, estado de México.

Según indica la información documental que posee la PGJDF ?que fue entregada a esa dependencia en junio pasado por los diputados federales del PRD, Aarón Quiroz y Víctor Manuel Montalvo?, en la relación de negocios que existieron entre Parcero López y Ángel Garcés Sandoval, estaría la clave de las anomalías imputadas al ex delegado y varios de sus colaboradores, entre quienes destaca el ex subdelegado administrativo de la GAM, Raúl Castillo Guerrero.

Esa información da cuenta de una relación inusual con Garcés Sandoval, quien poseía una empresa privada denominada CyG Construcciones, y era beneficiario de obras que la delegación le comisionaba y que le significaban grandes ganancias.

En junio de 1998, familiares del ingeniero Garcés Sandoval se comunicaron a EL UNIVERSAL para explicar que el contratista prestó en total, 11 millones de pesos a la delegación Gustavo A. Madero ?cuando al frente de ella fungía José Parcero López?, y no 3 millones 128 mil pesos, como lo señalan documentos aportados por los diputados perredistas Aarón Quiroz Jiménez y Victorio Rubén Montalvo Rojas.

La persona que se comunicó ?vía telefónica? a este diario expresó, en ese entonces, que cuando su familiar intentó cobrar el adeudo, la Contraloría General le indicó que ya habían sido saldadas todas las cuentas y que por el contrario, Garcés Sandoval tenía un adeudo de más de 3 millones de pesos con la delegación.

Esa persona sostuvo que el contratista prestaba dinero a Parcero López, para el pago de la nómina en la delegación Gustavo A. Madero, con la esperanza de que así le pagara lo que le debía, pero esto nunca llegó a suceder.

De acuerdo con afirmaciones que hizo Garcés Sandoval, antes de su asesinato, estuvo amenazado por Raúl Castillo Guerrero, ex subdelegado administrativo en la GAM, pero sus familiares no tienen más pruebas de ello.

Un depósito de 611 millones de pesos a la cuenta de la delegación durante aquella época, avala las aportaciones de Garcés Sandoval a la delegación, lo cual se demuestra con una copia del depósito del Banco Serfín, con número de cuenta 8155475, sucursal 11, Villa de Guadalupe, el 29 de agosto de 1996.

En total, de acuerdo con la documentación, Parcero habría recibido de Garcés 3 millones 128 mil pesos. Además, algunos documentos dan cuenta de que Garcés entregaba diversas cantidades a algunos consejeros ciudadanos de la delegación GAM. Uno de ellos indica que le prestó 18 mil 700 pesos, el 22 de mayo de 1996, a la entonces consejera Raquel Sevilla, actual diputada del PRD en la Asamblea Legislativa.

La documentación sugiere que la anterior Contraloría General, que entonces estaba a cargo de Héctor Manuel Valenzuela, conoció todas las anomalías y no sólo no procedió, sino que trató de encubrirlas.

El expediente entregado a la PGJDF por los diputados Rubén Montalvo y Aarón Quiroz, en junio pasado, involucraba a diversos funcionarios de la pasada administración y a la diputada local Raquel Sevilla, en la comisión de posibles ilícitos.

El voluminoso expediente se integró en la averiguación previa SC/5969/98-6, contra quien resultara responsable, para que fuera la PGJDF la instancia encargada de determinar si existían presuntos responsables de algún delito, entre ellos el homicidio del contratista Ángel Garcés.

Uno de los documentos aportado por los legisladores señalaba que Garcés fue beneficiario de obras que la delegación le comisionaba con o sin contrato, mismas que le reportaban grandes ganancias y que eran repartidas entre diversos funcionarios de la delegación.

?El negocio funcionó de manera regular, hasta que el desorden administrativo y un arqueo que la subdelegación hizo, con fecha 30 de junio de 1996, demostró que hacían falta 650 mil pesos del fondo revolvente en la cuenta de la delegación.

?Entonces se pidió al ingeniero Garcés que depositara 611 mil pesos en la cuenta de la delegación, petición a la que accedió.?

De acuerdo con la denuncia hecha por los diputados, Garcés señaló en sus escritos ?que fueron hechos llegar a la Cámara de Diputados? que ese mecanismo se utilizó también para que de las ganancias y regalías de las obras, hiciera entregas de dinero en efectivo mediante recibos que firmaron funcionarios y familiares de Parcero López.

En total, el contratista habría entregado 32 préstamos, del 11 de noviembre de 1995 al 13 de julio de 1996, al subdelegado administrativo, Raúl Castillo.

Los funcionarios ?indicaba el texto del resumen entregado por los diputados? seguían otorgando obras públicas y canonjías, y a cambio continuaron recibiendo dinero en efectivo, firmando siempre recibos por las cantidades respectivas. El negocio se empezó a conocer cuando en el seno del grupo se dio una disputa por las ganancias.

El caso fue denunciado ante la Contraloría Interna de la delegación, y después ante la Contraloría General, cuyo titular era Héctor Manuel Valenzuela, militante panista puesto ahí por Óscar Espinosa Villarreal, quien supuestamente encubrió los hechos.