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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) busca al propietario del table dance Cadillac, Alejandro Iglesias Rebollo, en calidad de testigo, luego de que en ese lugar se realizara un operativo en el que presuntamente se detectaron casos de trata de personas.

El individuo, dueño de la desaparecida discoteca Lobohombo —donde murieron 22 personas tras registrarse un incendio, en el año 2000— no ha sido ubicado.

El pasado fin de semana fueron encontradas 46 mujeres, bailarinas nudistas y trabajadoras sexuales, 19 extranjeras provenientes de República Dominicana, Honduras y Venezuela.

De todas ellas, 17 indicaron ser explotadas sexualmente al interior de dicho antro, ubicado en la colonia Anzures, según datos de la Procuraduría capitalina.

A un total de 40 empleados, entre meseros, garroteros, acomodadores de vehículos, fueron detenidos por el delito de trata, de los cuales 14 fueron consignados, entre ellos cuatro mujeres y diez hombres. Mientras que 26 fueron liberados bajo las reservas de ley. Sin embargo, las investigaciones señalan que faltan las principales cabezas del grupo delictivo.

Trascendió que se alistan otros operativos en antros de la Ciudad de México, ante las declaraciones de las víctimas, quienes indicaron que eran obligadas a trabajar en otros antros del mismo grupo.

Resalta que algunas de las mujeres sacadas del lugar interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la que aseguraron que fueron amenazadas por elementos de la Fiscalía de Trata de Personas, en caso de que no acusaran a sus presuntos explotadores.

El caso será indagado por la mencionada comisión; sin embargo, las autoridades capitalinas explican que muchas veces las víctimas son adiestradas en caso de operativo, para burlar a la justicia.

El dispositivo fue realizado luego de que la División de Investigación de la Policía Federal recibiera una denuncia, por lo que ambas instituciones, local y federal, actuaron con fundamento en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que faculta la coordinación en el combate a la trata de personas.