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Cerca de la una y media de la mañana, entró una singular llamada telefónica al edificio que alberga la Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y que, dado su aspecto y la dificultad para ingresar en él, lo denominan como El Búnker.

La persona al otro lado de la línea, explicó de corrido: “Es un edificio de cuatro pisos que se encuentra en la calle Pipizahua, casi esquina con Coyamel, colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán. Ahí tienen desde hace tiempo a un secuestrado. Pero dense prisa, si desean capturar a los secuestradores”, y colgó.

Minutos después, una gran cantidad de vehículos con el logotipo de la PGJDF se dirigieron al sur de la ciudad. Conforme iban llegando a la referida dirección, se estacionaban en las calles aledañas. De los vehículos empezaron a descender decenas de hombres vestidos de negro, así como varias mujeres. A una señal convenida, se cubrieron la cabeza con una capucha y, pegados a la pared, se dirigieron a un edificio amarillo.

Eran alrededor de las dos y media de la madrugada del 21 de agosto de 2008. Frente a la verja metálica se encontraba parada una pesada máquina, como las que se utilizan para construir caminos y carreteras. En el interior habían dejado algunas escaleras con una altura suficiente para escalar desde ahí la valla de metal que se interponía entre ellos y el inmueble.

Aun cuando trataban de hacer el menor ruido posible, fueron descubiertos por uno de los moradores del edificio que dormía junto a una ventana que da a la calle.

—¿Qué está pasando allá afuera?, exclamó, al tiempo que descorría la cortina y atisbaba la calle.

Varias figuras negras habían empezado a saltar al patio del edificio. El ruido de los pasos y los murmullos que proferían los intrusos, despertaron a Noé Cañas Ovalle, quien dormía en el lado derecho de la planta baja del edificio. Volteó a mirar a su mujer, quien continuaba durmiendo profundamente en el lecho, así como sus dos pequeños hijos.

Acudió a la puerta, con una trusa por toda vestimenta. Cuando la abrió tenía enfrente un nutrido grupo de hombres armados, vestidos de negro, y los dedos prestos a disparar.

Israel, que se encontraba en un piso superior del inmueble, bajó para reunirse con su hermano.

—Carnal, ya nos madrugaron, le espetó Noé.

Dos años atrás, el 1 de enero de 2007, frente al edificio amarillo, miembros de la familia Ramos González habían asesinado a Juan Carlos Caña, el hermano mayor.

Y como la PGJDF no había movido un dedo para detener y castigar a los culpables, Elvira, una de las hermanas, se presentó ante el Ministerio Público en demanda de justicia. La acción emprendida no les gustó en absoluto a los agresores, de ahí que Noé pensara que los hombres encapuchados y vestidos de negro habían sido enviados por la familia Ramos González.

Otros judiciales iniciaron el ascenso a los pisos superiores por la estrecha escalera en la que sólo cabe una persona a la vez. El choque de las suelas contra el piso, los murmullos y las puertas abiertas por la fuerza, provocaron que Elvira y su hermana Aracely, hermanas de Israel y Noé, quienes dormían en una misma habitación, despertaran sobresaltadas.

Elvira, que dormía en pijama, abrió la puerta para cerciorarse de lo que estaba ocurriendo. Ante ella estaban paradas una docena de personas, encapuchadas, vestidas de negro y las armas largas en ristre. Sin embargo, en un instante, pasó de la sorpresa al dolor, cuando un puño se le incrustó en el costado, mientras el agresor la apremiaba.

—¡Sálgase, hija de la chingada! ¡Sálgase!

En lugar de amedrentarse, le tiró un manotazo y lo desarmó. Ante el desconcierto de todos, les reclamó que se hubieran metido al inmueble sin la orden de un juez o el permiso de la familia. A su hermana menor, la instó para que se levantara de la cama.

—Párate, Ara. Vámonos pa’fuera. No te asustes.

Ambas hermanas fueron obligadas a subir la escalera. Pero antes de alcanzar el último tramo, un fuerte ruido metálico golpeó con fuerza sus oídos. Elvira alcanzó a ver a un hombre de negro que había bajado de sus hombros una especie de bazuca y con la parte posterior del arma, arremetía contra la puerta de metal.

Elvira, apresuró el paso y para evitar que destruyeran la puerta, sacó la llave y les franqueó el paso. Desde el último nivel del edificio podía observarse parte de la ciudad. A excepción de una habitación, que está en el costado izquierdo, con amplios cristales, y unos corredores que la delimitan y contienen diversos aparatos para hacer ejercicios, todo está al descubierto, por lo que cualquier persona que esté arriba, puede ser vista o escuchada por los vecinos que viven alrededor.

Los judiciales no encontraron ni ahí ni en ningún otro lugar del edificio al secuestrado que les habían dicho. Para la familia Ocaña Ovalle y los inquilinos que vivían en el edificio amarillo, fue una de las noches más terribles de sus vidas. Y en el caso de los familiares de Israel y Noé, hasta la fecha continúan padeciendo las secuelas.

De acuerdo con la PGJDF, ambos hermanos pertenecían a la temible banda de La Flor, acusada de haber cometido 12 secuestros, cuatro homicidios, robos y delincuencia organizada. Hacía menos de un mes el empresario de artículos deportivos, Alejandro Martí, a quien le habían secuestrado a su hijo Fernando, había lanzado un reto tanto a Felipe Calderón y Marcelo Ebrard para que redujeran al mínimo la violencia tanto en la capital como en el país, de lo contrario, “si no pueden, renuncien”, les dijo.

Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, había aceptado el desafío. Habló con su procurador, Miguel Ángel Mancera, y éste no esperó que se cumplieran los 100 días que las autoridades federales y capitalinas se habían dado de plazo para ofrecer resultados. Apenas unos días después, dio a conocer a la prensa que la culpable de la muerte de Fernando Martí, era la banda de La Flor.

Y dio los nombres de sus integrantes: Sergio Ortiz, mejor conocido como El Apá, y supuesto jefe de la banda; la ex policía federal, Lorena Hernández; Marco A. Moreno, quien había robado el automóvil en que fue encontrado muerto Fernando Martí; José Luis Romero, comandante de la PJDF; Fernando H. Santoyo, agente judicial; Gerardo Colín, policía federal; Arturo Dorman, de oficio mecánico; Sergio y Miguel Ortiz Juárez, hijos de Sergio Ortiz; Edgar Ayala, acusado de intentar asesinar a El Apá, y otras dos personas conocidas por los sobrenombres de El Arañas y El Tío, quienes supuestamente habían recibido la orden de dar muerte a Sergio Ortiz.

Sus testigos eran un chofer de Alejandro Martí, así como un policía preventivo que supuestamente había visto a los hermanos Ocaña Ovalle mirar hacia el inmueble propiedad del empresario.

Sin embargo, tiempo después la SSP federal, detuvo a un individuo de nombre Noé Robles, quien se confesó culpable del secuestro y asesinato de Fernando Martí y ante la sorpresa de todos, aseguró no conocer a El Apá, quien a la postre falleció como consecuencia del atentado de que había sido objeto.

Con todo, la Procuraduría capitalina persiste en sus acusaciones en contra de los integrantes de la citada banda delictiva. Pero durante el proceso en que los hermanos Caña Ovalle fueron encontrados culpables y sentenciados, cada uno, a 70 años de prisión, la mayoría de los careos y en general, las diligencias, en el juzgado 32 del fuero común, se realizaron sin la presencia de Israel y Noé, quienes desde hace varios años se encuentran en el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.

Ninguno de los recursos legales presentados por el abogado defensor de los hermanos Cañas, prosperaron. Incluso, ha trascendido entre abogados litigantes y algunos especialistas en la materia, que ello se debe a que fue un caso manipulado desde un inicio por el entonces procurador, Miguel Ángel Mancera.