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La administración de Marcelo Ebrard quiso que la extinción de domino fuera el “gancho al hígado” del Distrito Federal contra la delincuencia organizada, combinado con una estrategia de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero en la ciudad.

A pesar de la imagen de ciudad segura que se ganó la capital en comparación con el resto del país, los grupos del crimen organizado rondaron sus lindes y actuaron aquí, sobre todo movidos por el amplio comercio de droga al menudeo y atraídos por la actividad económica y financiera para el lavado de dinero.

“Hay la impresión de que la ciudad es muy segura, pero en estos seis años hubo eventos delictivos que exhiben un vínculo con el narcotráfico”, dice Gabriel Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe).

Hasta las últimas cifras conocidas a mediados de este año, en el Distrito Federal habían ocurrido alrededor de 700 asesinatos posiblemente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría Justicia del DF (PGJDF).

No obstante lo anterior su titular, Jesús Rodríguez Almeida, aseguró a mediados de este año que 80% de los homicidios dolosos cometidos en el DF habían sido resueltos, y de “los pocos vinculados a la delincuencia organizada, la mayoría ha solucionado”.

Hoy, según datos del Sistema Nacional de Seguridad, en el DF la tasa anual de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 8.8, mientras a escala nacional es de 19.75. En el país además el homicidio creció 16.2% anual entre 2007 a 2010, y en el DF tuvo una variación de 1.6% en promedio anual, lo que significó hasta agosto de este año 2.1 homicidios diarios.

Los números, sin embargo, no pueden negar el acecho de la delincuencia organizada, desde la periferia del DF. “Hay que ver dónde han sido detenidos El Mochomo, La Barbie y otros personajes para encontrar que sus aprehensiones suceden casi siempre en la frontera entre el Estado de México y el DF, donde operan grupos de la delincuencia organizada”, afirma Barrón.

“Es una dinámica que el gobierno capitalino no ha pido combatir”, dice, a pesar de las 50 aprehensiones de personas relacionadas con bandas como La Mano con Ojos y La Nueva Generación del Chapo Guzmán, que intentaron instalar su centro de operaciones en la capital del país “sin conseguirlo”, dijo en su momento Rodríguez Almeida.

Para los expertos, el acecho de las bandas del crimen organizado tiene como principal motivo la disputa por territorio para la venta de droga al menudeo, donde ha crecido la demanda por la connivencia con autoridades, asegura Barrón. Tepito es su ejemplo. “Allí se vende y se distribuye y nunca hay detenidos”.

Luis Wertman, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, concede que este delito ha sido atacado en la ciudad, “pero aún falta mucho camino por recorrer”.

TRAS BIENES DEL CRIMEN

Para contener la delincuencia organizada y sus actividades en el DF, el gobierno capitalino impulsó como una medida la Ley de Extinción de Dominio.

Al concluir esta administración y a tres años y medio de que entró en vigor esa legislación, las autoridades locales iniciaron 128 juicios, ganaron 18 y perdieron 10, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía de Extinción de Dominio de la PGJDF.

De todos los inmuebles que entraron en proceso de extinción de dominio, en 89 se localizaron vehículo robados, 17 estaban relacionados con algún secuestro, en 19 acusan que había trata de personas y en sólo tres se acusó delincuencia organizada.

La mayoría de esos inmuebles se encuentran en Iztapalapa y Gustavo A. Madero. La primera concentraba, hasta agosto de este año 70 inmuebles y la segunda 12.

Aunque los procesos todavía no concluyen, el fiscal Javier González del Villar afirmó que esas acciones significaron una “afectación económica” para la delincuencia organizada por 672 millones de pesos. Sin embargo, los detalles de cada juicio son información que el gobierno se reserva con base en la ley.

“Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta ley (de extinción de dominio) se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF”, se lee en la legislación correspondiente.

Para los expertos, la extinción de dominio es un proceso complicado cuyo procedimiento es necesario revisar y cuidar para no afectar a los ciudadanos. “Quitarle la propiedad a una persona implica todo un todo un procedimiento”, dice Barrón, del Inacipe.

“He visto casos en los que la Procuraduría retiene un inmueble porque allí había narcomenudeo, pero es posible que hace 30 años el propietario no se dedicara a eso y, por lo tanto, el bien comprado no lo obtuvo con dinero de procedencia ilícita”.

Para el especialista, este es un ejemplo de la necesidad de revisar el procedimiento: “No es que la ley de extinción de dominio sea injusta. Hay muchas personas que pueden obtener bienes mediante el lavado de dinero, pero comprobarlo es muy complicado”.

Luis Wertman, por su parte, considera que si la ley se aplica debidamente es una gran herramienta para la autoridad. “En todo el mundo es uno de los recursos más efectivos contra la delincuencia porque ataca sus intereses económicos”, asegura.

Sin embargo, “también puede ser un arma de ataque de un gobierno para amedrentar a la sociedad, pues a veces se presta a malas interpretaciones”.

MEDIDAS DE AVANCE

La seguridad y la violencia fueron los temas del sexenio en el país. La preocupación tuvo razones: en 2011 se contaron en promedio 48 asesinatos al día relacionados con el crimen organizado.

Frente ello, la capital ganó reputación y se miró desde afuera como uno de los lugares más seguros. Y no obstante, 17% de su población asegura que el principal fracaso de la administración de Ebrard fue no combatir la delincuencia, de acuerdo con una encuesta publicada por EL UNIVERSAL.

En términos reales, sin embargo, el índice de delincuencia en la ciudad bajó 7% de 2006 a la fecha. La autoridades remontaron los números en delitos como secuestro, violación, robo de vehículos, robo a transportistas, pasajeros y repartidores y robo a cuentahabientes.

El pasado 9 de octubre, durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el procurador capitalino aseguró que en los últimos seis años los delitos de alto impacto cayeron 11% en el DF, mientras en el resto del país se incrementaron casi 40%.

La estrategia de Ebrard en seguridad tuvo como eje el Programa Bicentenario Ciudad Segura. Mediante este programa las autoridades incrementaron el presupuesto en seguridad de 7 mil 200 millones en 2006 a 11 mil 682 en 2012. Con estos recursos instalaron en el DF cinco centros regionales de control y comando, 13 mil cámaras de vigilancia, renovaron equipos, reforzaron la capacitación de policías y reestructuraron la vigilancia con la estrategia de Policía de Proximidad, entre otras acciones.

El resultado: de 2010 a 2012 el número de delitos pasó de 15 mil 912 a 13 mil 319, una reducción de 2 mil 593.

El resultado de la estrategia, sin embargo, hizo crecer uno de los problemas históricos en la ciudad: la seguridad y la sobrepoblación penitenciaria.

En el sistema penitenciario capitalino muy poco se ha logrado. Las autoridades locales no han podido revertir el deterioro ni la corrupción y, en cambio, la sobrepoblación ha aumentado.

Los 10 centros de reclusión del DF tienen una capacidad para aproximadamente 20 mil internos y a la fecha hay 43 mil. “Hemos rebasado 100% su capacidad, lo cual es una bomba de tiempo porque tarde o temprano habrá mayores problemas”, advierte Barrón.

Por una parte, agrega el experto, eso puede significar que se trabaja para mandar a la gente a los reclusorios, “pero estos ya no dan para más” y el problema no es reciente.

La población creció progresivamente, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, asegura el investigado. Sobre todo a partir de que su administración y la de Ebrard “compraron” el programa Tolerancia Cero, impulsado por Rudolph Guiliani, ex alcalde de Nueva York.

El mismo Ebrard admitió en su tercer informe de gobierno: “Entre 2000 y 2009 prácticamente se ha duplicado la población en reclusorios. En 9 años pasamos de 21 mil internos a más de 40 mil. Esto explica las condiciones de hacinamiento y se han tomado decisiones para solucionar el problema”.

Los reclusorios serán uno de los temas más urgentes en la agenda del próximo jefe de Gobierno, que hallará una ciudad donde el delito sigue siendo la principal preocupación.