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La policía busca a más de mil personas que tras ser arrestadas a través del programa Conduce sin Alcohol iniciaron un juicio de amparo que no continuaron o que perdieron durante 2011.

El año pasado arrestaron a cerca de 20 mil personas por conducir en estado de ebriedad.

En la temporada navideña hubo mil 421 detenidos, de acuerdo con Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Control de Tránsito y Vialidad.

De todos los detenidos en 2011, casi 10% pagó por la obtención de una suspensión provisional contra el arresto y obtuvo su libertad.

En total fueron mil 807 conductores que no aceptaron su sanción administrativa, que va de 20 a 36 horas de arresto inconmutable al registrar 0.40 miligramos de alcohol en aire expirado, y pidieron un juicio de amparo que luego, en la mayoría de los casos, no continuaron por desconocer que debían presentarse ante el juez los tres siguientes días.

El director de Justicia Cívica del Gobierno del DF, Gerardo Loyo, dio a conocer que la Policía Preventiva busca, mediante solicitud de un juez para que cumplan con el arresto, a mil 3 personas, pues más de 800 no viven en la ciudad y eso complica la situación.

Ese el caso de un habitante de Puebla y que en el DF usó a un empleado para ser suplantado en el arresto. Pedir un oficio de colaboración con la entidad para su búsqueda, sería más costoso y complicado, indicó.

También buscan a conductores que no culminaron el tiempo de sanción y a muchos a quienes ni siquiera se les determinaron las horas de arresto.

En 2010 obtuvieron su libertad mediante juicio de amparo 2 mil 924 personas, cifra que se redujo en 2011 debido a que 5 de los 15 puntos de revisión tienen juzgados cívicos itinerantes que impiden que pseudoabogados se acerquen al sancionado a ofrecer el trámite de suspensión provisional.

En 2008 la Dirección de Justicia Cívica giró a la Secretaría de Seguridad Pública del DF 14 órdenes de presentación a deudores del Alcoholímetro; en 2009 fueron 436; en 2010, 700, y en 2011, mil 3.

Las personas en esas condiciones pueden acordar culminar su sanción en la fecha que mejor les convenga y presentarse en el juzgado en materia de amparo que les concedió la suspensión del acto (arresto) para desistirse y luego acudir al juzgado cívico.

Famosos evaden sanción

En temporada decembrina aumenta el número de personas que solicitan un juicio de amparo, para evitar pasar la Navidad y el Año Nuevo arrestadas, y también en estas fechas se encarecen los precios de los servicios de gestores de dichos trámites, mejor conocidos como coyotes.

Varias personas afamadas tienen pendiente el cumplimiento de su arresto, entre ellas el actor Sergio Sendel.

Personal del Centro de Ejecución de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito y que es en donde se llevan a cabo los arrestos, resaltó el caso de Mariana Moguel, hija de la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles. Fue una de las sancionadas que tras ampararse decidió por propia voluntad presentarse a pagar su arresto.

Gerardo Loyo indicó que la mayoría de los juicios de amparo se pierden, por sobreseerse al no presentarse el interesado ante el juez en los siguientes tres días después de que obtuvieron su voluntad.

La mayoría alegan actos de inconstitucionalidad, que no proceden al estar legislada la detención con el fin de evitar accidentes y muertes por conducir en estado de ebriedad.

Pocos también son los que tras perder el amparo solicitan la revisión de la sentencia, como el priísta Jesús Silva Herzog quien fue detenido el 22 de octubre en avenida Revolución, al salir de una cena.

El director de Justicia Cívica indicó que sólo en dos casos se ha ganado el amparo, pero por errores de forma: por perderse el expediente ticket que indicaba los grados de alcohol que alcanzó un conductor y que es considerada prueba reina, y otro en el que la hoja de arresto no tenía el teléfono del juzgado cívico involucrado.

Loyo resaltó que el programa cumple con el objetivo. “No importa que se amparen, el programa cumple con retirar a la gente que es un riesgo al conducir en estado de ebriedad, porque la protección que se les otorga al pedir que se les restaure la libertad, no llega a tal punto de volver a ponerlos frente a un volante en esas condiciones”, dijo.

La Dirección de Justicia Cívica tiene detectados a por lo menos siete pseudoabogados que son los que más amparos solicitan, y quienes son investigados por al área de Inteligencia Financiera del gobierno capitalino para determinar si se han enriquecido al aprovecharse de que la ley permite que cualquier persona, incluso menores de edad, puedan solicitar un juicio de amparo.