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En las cárceles del DF sólo hay 200 médicos y enfermeras sindicalizadas para atender la salud de una sobrepoblación de más de 40 mil presos del fuero local y federal.

“Con esos ni una muela le van a tapar a los reclusorios”, aseguró Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF).

Como ejemplo, dijo que tan sólo en el Reclusorio Norte, uno de los más sobrepoblados, hay cinco médicos, tres enfermeras y dos psicólogos. “Si hablamos de las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están sobrecargados, nunca van a terminar de revisar ni atender a los reclusos”, dijo el dirigente.

En entrevista en sus oficinas de la colonia Tabacalera, comentó que la situación en los penales empeora para los sindicalizados pues “ellos están al interior del reclusorio, las garantías son solamente las que se dan ellos mismos porque hay que hacer amigos con los propios internos para evitar que sean asaltados, violados o golpeados o incluso asesinados. Lo mismo que pasa con los administrativos y custodios”.

Además, en la red de 32 hospitales del gobierno capitalino el personal médico también es insuficiente pues no sólo revisan a los capitalinos; también atienden a gente de otros estados que solicitan sus servicios.

La misma situación de falta de personal ocurre en los juzgados cívicos y en las áreas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, señala el dirigente.

Éste es parte del panorama que encontró el líder sindicalista recién electo para un periodo de cuatro años.

Juan Ayala dijo que como parte del análisis que realiza al interior del SUTGDF hay “desorden” en la nivelación de los salarios entre trabajadores administrativos y operativos.

“Tenemos tabuladores y catálogos de puestos obsoletos de más de 25 años que no se han movido desde que fueron creados los niveles. Muchas veces los que tienen puestos de jurídico gana más que los operativos. Hay una inequidad que tenemos que regular, pero también profesionalizarlos”, agregó.

Sobre las acusaciones de presunta venta de plazas, Ayala contó que “nos han llegado compañeros que hicieron una mala inversión y creyeron en alguien”. Por ello, pidió hacer las denuncias correspondientes “y quien tenga que pagar las consecuencias de sus malos actos, que los pague, esas conductas no deben ser en el sindicato. Si se tiene que aplicar la ley, aunque sea miembro del sindicato, que se le aplique”.

Acerca de los que fungían como inspectores de transporte, conocidos como “Dantes” y acusados constantemente de corrupción, Ayala defendió: “Es fácil desdeñar y decir que los trabajadores son los corruptos. Para que haya corrupción se necesitan dos, el que autoriza y el que tiene que hacer la acción”.