La publicación de la nueva Ley de Adicciones de Distrito Federal, aprobada el día 16 de diciembre de 2010, parece representar un avance significativo en la manera en que las autoridades de la ciudad de México buscan enfrentar, de mejor manera, el consumo de drogas legales o ilegales, en la capital del país.

Contraria a un enfoque policiaco y represivo, declarativamente la ley lleva a la práctica políticas específicas para la reducción del daño en materia de uso de drogas, reconoce la discriminación y busca desestigmatizar a los consumidores para que éstos se acerquen a los servicios de salud y de orientación, y supone instancias de participación, ejecución y evaluación en las que participan distintas dependencias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Crea, además, el “Instituto para la atención y prevención de las adicciones de la Ciudad de México” que llevará a cabo el seguimiento y la ejecución general de las políticas que contempla la ley.

Desde una perspectiva integral hacia las drogas, el enfoque general de la ley representa un avance de gran importancia para desmontar el enfoque represivo, discriminatorio, violador de los derechos humanos; pero sobre todo, ineficaz e insuficiente, que ha dominado estas políticas por mucho tiempo, tanto a nivel nacional como local.

¿Y cuál es la siguiente medida que toman los mismos representantes populares después de votar la nueva ley?

Inmediatamente después, la Asamblea discute y se pronuncia a favor, también, de la reforma a diversas disposiciones del artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad, que básicamente buscan, “aplicar como sanción, arresto inconmutable [de 20 a 36 horas] a las personas que consuman, ingieran, inhalen o aspiren estupefacientes, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos…”. Además, no se dice cuáles son ni qué se entiende por “sustancias tóxicas”.

Notorio resulta también que el alcohol fuera separado expresamente de tales disposiciones, y más aún cuando es la única “sustancia tóxica” cuya estrecha relación con los accidentes y la violencia social se encuentra plenamente documentada. Mientras que al consumo de drogas se le aplica una sanción aún considerada como “administrativa” (al no exceder las 36 horas de arresto) similar a la que tienen conductas como disparar armas de fuego, organizar peleas de perros u carreras de autos; para el alcohol permanece la posibilidad de la multa, que va de 21 a 30 días de salario mínimo.

Los argumentos utilizados en la exposición de motivos brillan por sí mismos: “(Fracción II) La convivencia armónica … no debe significar el abandono de la punición … si bien las últimas tendencias legislativas demuestras que la misma ha de configurarse como el último recurso, también debe garantizarse su eficacia, tanto en su aplicación como en su ejemplaridad…”

Hasta donde se entiende, el jefe de Gobierno tiene en su escritorio estas nuevas disposiciones a la Ley de cultura cívica del Distrito Federal.

Aún puede rechazarlas, pero no hacerlo y publicarlas con su anuencia, significará una señal definitiva en cuanto a sus verdaderas convicciones en materia de política de drogas.

* El autor es presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C. / www.cupihd.org

(Iniciativa presentada por el diputado Julio César Moreno Rivera, del PRD).