horacio.jimenez@eluniversal.com.mx

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Aleida Alavez, impugnó el Informe de la Línea-12 que fue presentado el pasado martes ante el pleno de San Lázaro.

En un documento que envió al presidente de la Cámara Baja, el perredista Silvano Aureoles, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, Alavez pide que el informe se devuelva a la comisión especial para que se ciña a las facultades que le fueron concedidas y no invada las de otros poderes, así como el respeto irrestricto a la garantía de audiencia a que tienen derecho las partes involucradas.

De manera paralela, el presidente de la comisión de la Línea-12, el priísta Marco Antonio Calzada, informó que giró el citatorio para que comparezca el próximo viernes el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard ante este órgano legislativo y éste ya confirmó su asistencia. Agregó que la comparecencia del senador Mario Delgado sería en una sesión posterior.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, adelantó que su instituto político está a favor de que el informe de conclusiones de la Comisión Especial de la Línea 12, donde se responsabiliza a Marcelo Ebrard, Mario Delegado y Enrique Horcasitas de muchas de las fallas, sí se turne a las entidades a las que se les hace sugerencias, como la PGR, PGJDF, GDF y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Anaya dijo que además de que las autoridades conozcan el documento, es necesaria una investigación verdaderamente independiente para castigar a los responsables.

En la impugnación, Alavez acusa que la comisión especial “invade” la competencia de las comisiones ordinarias al emitir consideraciones, conclusiones y recomendaciones que no son parte de un dictamen de una comisión constitucional.

La perredista agrega que de dar certeza a este informe, la Cámara estaría violando el artículo 13 constitucional, al convertirse “en un tribunal especial (...) que juzga o prejuzga a una o varias personas, sin el respeto al principio de legalidad y seguridad jurídica establecidos en nuestra Constitución como derecho humano y garantía constitucional”.