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La falta del reglamento de tránsito impide que la recién aprobada Ley de Movilidad pueda entrar en funciones, pues a través de esta legislación se establecen los términos y la vigencia de las concesiones para la regulación de taxistas que ofrecen el servicio mediante aplicaciones móviles.

La presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa (ALDF), Claudia Cortés, aseguró que los diputados locales cumplieron con la función de crear la ley, por lo que ahora será competencia de la Secretaría de Movilidad (Semovi) o la Consejería Jurídica llevar a buen término esta situación.

La Semovi cuenta con 139 mil 128 concesiones de taxi, mismos que cubren 5% del servicio de transporte, pero que están obligados a cumplir con las reglas de la dependencia y de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) para poder operar.

La asambleísta del PRD recordó que en junio del año pasado entró en vigor la Ley de Movilidad y que dentro de esta norma jurídica está contemplado un capítulo sobre los permisos del transporte.

Por ejemplo, explicó que en el artículo 123 de la citada ley se advierte que los interesados en prestar el servicio de transporte de pasajeros deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría de Movilidad, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de derechos.

En noviembre del año pasado, en la ALDF se realizó un primer foro para abordar la controversia entre Uber, Cafy y los taxis regulados.

A partir de ese momento, se acordó que se llevarían a cabo mesas de trabajo entre los taxistas y la Semovi, para solucionar el problema que representa el transporte público ilegal.

En repetidas ocasiones, Cortés Quiroz ha solicitado al titular de la Semovi, Rufino León Tovar, elaborar un padrón de este transporte público individual para que, en caso de que se apruebe las app, se homologuen las reglas para todos los taxistas y así se evite la competencia desleal.

La semana pasada el tema fue retomado nuevamente en la ALDF. La Diputación Permanente pidió a los titulares de la Secretaría de Movilidad y a la Consejería Jurídica reanudar mesas de negociación a partir de la segunda semana de junio.

El coordinador del PAN, Federico Döring, advirtió que la ALDF no puede lavarse las manos y en cambio debe asumir su liderazgo.

Precisó que el conflicto entre Uber y los taxistas regulados obedece a que el gobierno del PRD en la capital no quiere afectar sus intereses electorales con las organizaciones de taxistas como los panteras.