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La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que vigila los recursos federales aplicados a la Línea 12 del Metro responsabilizó al ex jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado, y al ex titular del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, del desastre en el que se convirtió la llamada Línea Dorada y pidió a las autoridades judiciales deslindar responsabilidades en contra de estos ex funcionarios públicos.

En el informe, que será presentado mañana ante los integrantes de esta comisión, se detalla que existen bases fundadas para recomendar y sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado servicio público, “incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes a su conveniencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude”.

Además, la Comisión Especial, que encabeza el priísta Marco Antonio Calzada, solicita al procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, que, con base en la documentación que le fue remitida por parte de la Contraloría General, proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos.

Además, le pide a la Procuraduría General de la República realizar un desglose a efecto de que proceda a la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas.

Recomienda al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que, una vez recibida toda la documentación por parte de la Procuraduría capitalina, proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, “consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden posibles responsabilidades”.

Según las fuentes consultadas por este diario, la responsabilidad de Ebrard Casaubon; del actual senador de la República Mario Delgado y de Horcasitas es porque al ser los mandos superiores de la llamada “Línea Dorada” todo lo hicieron por separado, la obra y la adquisición de los trenes.

Es decir, Horcasitas y el consorcio Ica-Carso-Alstom hicieron su parte sin coordinarse con el ex secretario de Finanzas, Mario Delgado, quien a su vez contrató los trenes.

Además, Ebrard Casaubon, al ser el jefe de Gobierno, tenía la obligación de supervisar los trabajos, incluso se necesitó su anuencia para convertir a la Dirección de Obras del Sistema Colectivo Metro en el Proyecto Metro y fuera un órgano desconcentrado y pudiera tomar la mayor cantidad de decisiones sin pedir cuentas a nadie.

En conclusión, corresponde a la Procuraduría General de la República aplicar los códigos penales sustantivos y adjetivos federales y locales a efecto de determinar si, en torno de los hechos derivados de la construcción y puesta en marcha de la Línea 12 se actualizó algún delito”, describe el documento.

En el informe de 93 cuartillas, y del cual EL UNIVERSAL posee una copia, recomienda deslindar las responsabilidades de quienes decidieron iniciar la construcción sin contratar una empresa que supervisara los trabajos y estando aún en preparación el proyecto ejecutivo, como en su momento reconoció Enrique Horcasitas Manjarrez.

“Es preciso zanjar la cuestión del conflicto de interés en la firma de, al menos, un convenio modificatorio, al ser Enrique Horcasitas Manjarrez, hermano de uno de los Directores Generales de Construcción de ICA, Luis Horcasitas Manjarrez, promovido a vicepresidente ejecutivo de la empresa. Asimismo, es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, tramos de conducción y porcentajes de los anticipos entregados a las compañías mencionadas”, detallan las conclusiones.

También presumen irregularidades en la contratación del Consorcio Certificador por parte de Proyecto Metro, “a quien igualmente se aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra”.

Además, los legisladores federales sugieren evaluar la adquisición o prestación de servicio de “otros trenes” que se adapten correctamente a la vía y al trazo, para garantizar la seguridad y continuidad del servicio.

“Recomendar al jefe de Gobierno, Miguel Mancera, que gire instrucciones al Contralor General del DF, Eduardo Rovelo Pico, para profundizar en la determinación de las responsabilidades administrativas de los servidores a quienes es atribuible el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones, con fundadas sospechas de fraude y corrupción, las cuales redundaron en irregularidades reveladas en las auditorías e investigaciones realizadas por los órganos de control locales y federales”, detalla el documento.