El tema de la pensión alimenticia a los hijos del líder nacional de Morena, Martí Batres, llegó hasta la Asamblea Legislativa (ALDF).

La Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Ministerio Público garantizar este derecho e imputar, según los diputados, responsabilidad por incumplimiento.

Desde tribuna, el diputado local del PAN, Orlando Anaya, también solicitó un informe de ingresos del obradorista.

De inmediato vinieron posiciones en contra y a favor. Los diputados Jorge Gaviño, de Nueva Alianza, y Cuauhtémoc Velasco, de Movimiento Ciudadano, manifestaron su desacuerdo.

Gaviño Ambriz cuestionó que antes de presentar este acuerdo en un recinto legislativo se hubiera acudido con la autoridad competente: el juez para después recurrir a la ALDF a realizar la denuncia política.

“Esta Asamblea, particularmente la Permanente, pues es un órgano político, de atención política y de administración interna para los asuntos de la Asamblea Legislativa, de tal manera que está bien que hagamos la denuncia política, ya se hizo aquí por parte de Acción Nacional y así acusamos el recibo político, pero si queremos que haya repercusión jurídica que vayan los compañeros que conocen del asunto y lo manifiesten al juez familiar o al MP para que en su caso se pueda nombrar un tutor interino y se proceda de acuerdo con la ley de la materia”, argumentó el aliancista.

Anaya, en voz de la promovente de este acuerdo Olivia Garza de los Santos, respondió: “Nos queda una tarea pendiente por realizar... Sin lugar a dudas el ámbito personal es un ámbito privado y ámbito que me merece todo nuestro respeto pero no podemos dejar de lado que una figura pública de cualquier partido o de cualquier gobierno tiene una doble o triple responsabilidad porque es hacer su trabajo de una manera ejemplar, pero también al ser un referente social tiene una obligación de cumplir antes que el ciudadano con sus obligaciones morales y legales”, precisó Anaya.

El asambleísta Cuauhtémoc Velasco, de Movimiento Ciudadano, aclaró que no merece ninguna justificación ni defensa el que no se cumpla con el derecho a la manutención, pero que en este caso se podría tachar de linchamiento político más que un afán de justicia.

Fue más allá al preguntar si antes de presentar el punto de acuerdo  se verificó la validez de la información. “¿Checaron el registro de deudores alimentarios para saber si ahí se encuentra este caso, lo señalado, es decir, si aparece Martí Batres incumpliendo con el pago de la pensión alimenticia?”.

crs