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TOLUCA.— El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, retiró de la agenda legislativa la iniciativa de ley que presentó hace dos días, mediante la cual pretendía instaurar sanciones administrativas y penales en contra de maestros que participaran en manifestaciones o en contra de aquellos que coaccionaran a sus alumnos a hacerlo.

Sorpresivamente y a través del secretario de Educación, Raymundo Martínez, se retiró la iniciativa bajo el argumento de que no había sido consultada con las principales organizaciones sindicales de maestros que operan en la entidad: el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y Municipios (SMSEM) y secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Mediante un comunicado, el secretario de Educación informó que la iniciativa había sido retirada “de forma indefinida”.

Indicó que mientras no haya consenso con las secciones 36 y 17 del (SNTE) y del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), ni ésta ni ninguna otra iniciativa al respecto será presentada.

Raymundo Martínez destacó la buena relación que existe entre el Gobierno del Estado de México y las dirigencias magisteriales —tanto federal como estatal—, para generar y emprender las acciones que permitan mejorar la calidad educativa en la entidad, viendo siempre por el bienestar de los docentes y alumnos.

Destacó, por ejemplo, la reciente firma de un convenio con Bansefi que permitirá a los docentes, que destinan parte de su ingreso al pago de créditos, tener acceso a servicios financieros en mejores condiciones, establecer un esquema con pagos e intereses más bajos que se adapten a sus ingresos y, con ello, aumentar su poder adquisitivo y mejorar su economía familiar.

Casi simultáneamente al anuncio del secretario, los sindicatos magisteriales del ámbito federal y estatal habían asegurado a diputados de oposición, como el legislador Néstor Morales Poblete del PT, —quien calificó de “fascistoide” la propuesta—, que desconocían la iniciativa . A su vez, el diputado Óscar González, también del PT, pidió al Ejecutivo que “retirara” el documento, lo cual ocurrió minutos más tarde.

De esta manera la iniciativa que contemplaba sanciones penales de hasta 10 años de prisión, inhabilitación y multa a profesores que abandonaran sus actividades en las aulas, ya no será analizada en el próximo periodo extraordinario de sesiones convocado para mañana por la 58 Legislatura Local.