El contralor general del gobierno capitalino, Hiram Almeida, afirmó que las multas impuestas a los ex funcionarios públicos por las irregularidades en la Línea 12 del Metro, se determinaron de manera legítima y apegado a derecho.

"La determinación de las sanciones atiende a un principio constitucional de la afectación o el daño patrimonial causado (...). El establecimiento de la penalidad en las sanciones, obedece a un principio básico constitucional en donde corresponde a la acción específica que realizó el servidor público y al daño que infringe el actuar, la comisión o la omisión en que haya incurrido montos", explicó.

Hiram Almeida aseguró que cumplir con el pago de las multas, las cuales ascienden en total a 21 mil millones de pesos, "no es imposible" y no descartó que para su cumplimiento, se utilicen acciones legales adicionales.

"Estaremos en la expectativa si existe alguna recurrencia por parte de los sancionados, nosotros también generaremos las acciones jurídicas correspondientes en la defensa de las sanciones que se han impuesto y de las resoluciones que determinaron éstas. Habrá mecanismos resarcitorios adicionales, algunas controversias jurídicas y judiciales que permitan recaudar lo que se haya afectado al erario", apuntó.

La Contraloría General del gobierno del DF informó este lunes sobre la imposición de sanciones a 38 ex funcionarios públicos por diversas anomalías administrativas cometidas en la Línea 12 del Metro, multas que van desde la suspensión por 90 días hasta inhabilitaciones por 20 años; denuncias penales y multas económicas millonarias.

Ante las multas "desproporcionadas", diputados locales advirtieron que se corre el riesgo de que sean desechadas por la vía del amparo.

vm