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El Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpuso un recurso legal ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para que aclare los alcances del contrato que suscribió el Proyecto Metro con el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro (integrado por ICA, Alstom y Carso), ante las controversias que han surgido en temas como la póliza de vicios ocultos, la obligación de dar mantenimiento e incluso determinar cómo tenía que entregar la obra para que estuviera completa y funcional.

El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, José Ramón Amieva, explicó que ese recurso legal —llamado acción declarativa— fue admitido ayer por el poder Judicial y ahora se procederá al análisis de los argumentos que presenta la administración capitalina, así como los que tendrá que ofrecer el consorcio constructor.

Demandas del consorcio

Esto ocurre cuando se dio a conocer que hay, al menos, dos recursos legales y administrativos que promovió el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro. El primero es la promoción de un amparo para evitar el pago de la fianza de vicios ocultos ante un juez federal, del cual no ha sido notificado el GDF; el segundo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, para tratar de invalidar un documento que firmó el Proyecto Metro del DF donde indica que los faltantes de obra hasta febrero del 2014 sí se consideran como vicios ocultos.

Este es el primer recurso legal que el GDF, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, promueve desde que la Línea 12 del Metro suspendió su servicio en 11 de las 20 estaciones por fallas técnicas desde la noche del 11 de marzo.

Pagos adicionales

En entrevista, José Ramón Amieva detalló que la intención es que el TSJDF determine si se trata de un contrato a precio alzado en monto económico y tiempo determinado (es decir, que cuando se suscribe no deben modificarse esos dos términos); por lo que si hay obras que se realizaron y no estaban incluidas en el contrato, deberían considerarse como parte del mismo y por tanto no implicarían un pago adicional.

Lo anterior, porque persiste un reclamo de casi 4 mil millones de pesos de obras ejecutadas pero no incluidas en el contrato.

Otro tema que tendrá que definir el tribunal es si se cumplió con la construcción, los proyectos y sistemas incluidos en la propuesta, es decir, que se haya entregado la Línea 12 en completa “funcionalidad”.

También, el GDF pide que se clarifique la vigencia y el cobro de la póliza de vicios ocultos; así como la obligación del consorcio de dar el mantenimiento a la L12.

Hasta ahora, el gobierno capitalino y el consorcio se haya en proceso de finiquitar el contrato que signaron para la construcción de la Línea Dorada.