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Tras una denuncia interpuesta por una supuesta víctima de trata, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) lograron el rescate de ocho mujeres, todas ellas mayores de edad, víctimas de explotación sexual en un bar de la carretera Picacho-Ajusco, por lo que se investiga a siete personas por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación por prostitución.

La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, informó que los probables responsables de este delito responden a los nombres de Martín “N”, Said “N”, Adrián “N”, Alejandro “N”, Luis “N”, Orlando “N” y Abraham “N”.

Según el expediente del caso, el pasado 16 de octubre, en atención a una denuncia de las propias víctimas —quienes aprovecharon un descuido de sus captores para hacer una llamada desde un teléfono público—, personal ministerial de la Policía de Investigación y de la Coordinación de Servicios Periciales se presentaron a un bar ubicado en la colonia Héroes de Padierna, a un costado de la carretera Picacho-Ajusco, donde presumiblemente se ejercía la prostitución y al parecer había menores de edad.

En el operativo implementado por la procuraduría capitalina fueron rescatadas en flagrancia ocho mujeres, todas ellas mexicanas, y se detuvieron a los siete presuntos responsables, quienes quedaron a disposición de esta representación social, por la posible comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual por prostitución.

Las obligaban a alcoholizarse. Según narraron las afectadas, la mecánica de explotación consistía en que las víctimas realizaban bailes eróticos dejándose tocar el cuerpo en las mesas por el cliente, quien les pagaba diversas cantidad de dinero.

Asimismo quedó establecido que si las víctimas llegaban tarde al bar no se les pagaba el día, pero aun así tenían que trabajar de manera normal.

Ante esta situación, el Ministerio Público corroboró que las víctimas eran obligadas a ingerir bebidas embriagantes junto con los clientes, situación que era remunerada por los empleados del lugar. Para llevar el control de los servicios, los meseros les proporcionaban a las mujeres ligas por cada copa que consumía el cliente, y si la mujer ejercía el sexoservicio eran obligadas a entregar 60% del pago al propietario del negocio, por lo que el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público.