El pago de sueldos y salarios es el mecanismo mediante el cual las empresas públicas y privadas distribuyen el ingreso generado en un país.

Sin embargo, en el caso de México, también ha sido empleado como un medio de control de la inflación lo cual ha implicado una pérdida sustancial del poder adquisitivo de las remuneraciones: actualmente, el salario mínimo real constituye cerca de 25% de lo que era en los 70, mermando las condiciones de vida de las personas y del mercado interno.

De esta manera, un primer punto a reconocer es que el proceso de precarización salarial ha sido prolongado, ha involucrado más de cuatro décadas y por lo tanto, su recuperación tampoco puede ser rápida. Pretender elevar el salario mínimo de 67 a más de 170 pesos o aún incrementarlo tan sólo por arriba de 100 pesos al día, involucra en realidad la necesidad de revisar con más cuidado los mecanismos bajo los cuales se debería implementar.

En primera instancia, la propuesta del incremento del salario mínimo permite plantear que se debe revertir la desnaturalización del mismo: la política económica debe dejar de utilizarlo como una variable de control de la inflación.

Esta medida reclama la necesidad de que se actúe de manera conjunta entre el sector público, el sector empresarial, los propios trabajadores y aún con la academia, a fin de encontrar mecanismos novedosos que permitan dotar al salario, nuevamente, del contenido de su esencia que es generar ingreso y bienestar y que a su vez sea financieramente viable y factible para las empresas donde el sector público debe tener el compromiso de generar el entorno más propicio para ello, desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales.

En este último aspecto, se debe considerar el impuesto sobre la nómina que cobran los gobiernos estatales, muchos de los cuales lo han elevado en época de crisis y que con la propuesta actual podría plantearse una disminución del mismo para que directamente se traslade a los salarios.

De esta manera, las empresas no necesariamente tendrían la carga económica total, sino que se convierta en una iniciativa compartida con el sector público lo cual, a su vez, requiere que exista un uso más eficiente y austero en el uso de los recursos públicos.

Adicionalmente, es necesario considerar que la mayor problemática para pagar salarios más altos corresponde a las empresas pequeñas, a los micronegocios; allí se concentra la mayor precariedad salarial.

La mayoría no cuenta con prestaciones, su capacidad financiera es menor y muchos no tienen contrato por escrito por lo que si se establecen niveles salariales demasiado elevados estos pueden romper con la capacidad financiera de las pequeñas empresas, justamente las que más trabajos generan.

En contraste, las grandes empresas tienen mayor capacidad financiera y por lo tanto mejores remuneraciones, por lo que también debe buscarse no interrumpir esa dinámica y evaluar cómo motivar a que la pequeña empresa sea financieramente viable para que pague mejor.

Lo anterior implica una propuesta integral, acompañada por medidas de incrementos a la productividad de las empresas para que el aumento salarial esté fundamentado en una mayor capacidad productiva de las mismas generando un círculo virtuoso donde se tenga mayor capacidad de proveer más bienes y servicios para el mercado nacional y los beneficios permanezcan en el país.

Al mismo tiempo que se garantiza que este proceso no sea inflacionario, es decir, si se tiene el equilibrio entre mayor productividad, mejores salarios, incremento en la demanda el impacto inflacionario no se debe dar de manera significativa.

Una propuesta integral además debe considerar la formalización de la economía. La mayor parte de la población ocupada se encuentra en la informalidad o vinculada con la misma, por lo que la formalización debe garantizar que todos tengan acceso a mejores salarios y que los beneficios no sólo lleguen a empresas y trabajadores, sino aún al propio fisco en el pago de impuestos.

En este sentido, el reconocimiento de la necesidad de incrementar el salario mínimo es un hecho positivo, es la manera en que los hogares pueden tener el bienestar que necesitan. Pero debe evitarse el manejo político del tema y trabajarlo con seriedad y compromiso sin generar falsas expectativas y buscando plantear alternativas coherentes y contundentes para que la propuesta sea viable.

*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC)