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Organizaciones civiles que trabajan en pro de personas en situación de calle, denunciaron que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) a través de la Secretaría de Seguridad Publica (SSPDF) ejecutan políticas de “limpieza social” que buscan desplazar de las calles a los indigentes. Incluso, acusaron a sectores privados e inmobiliarios de ejercer presión para que sean retirados por la fuerza de la zona centro, para permitir el crecimiento de plazas comerciales, restaurantes y zonas habitacionales.

En conferencia de prensa, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, la Red por los Derechos Humanos de la Infancia en México, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, aseguran que las medidas utilizadas por la agrupación policiaca son extremas al “criminalizar” a los indigentes, tal como sucedió en el desalojo registrado el 22 de abril, en Artículo 123.

De igual manera dieron a conocer que el pasado fin de semana, cinco de los indigentes detenidos alcanzaron la libertad bajo fianza al pagar 25 mil pesos.

“A través de Jacqueline L’Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, quien recibió donativos de particulares, se consiguió para pagar la fianza de los cinco jóvenes detenidos y acusados de manera falsa por la portación de drogas”, explicó Juan Marín Pérez, director de la organización Red por los Derechos la Infancia en México.

Por su parte, Alicia Vargas de Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, expuso que en lo que va del año, han documentado quejas de 12 familias de indigentes que aseguran que el GDF les ha quitado a sus hijos bajo el argumento que las calles no son aptas para la crianza de niños.