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Las fallas en la Línea 12 del Metro generaron un daño patrimonial a la administración del Gobierno del Distrito Federal (GDF), reconoce ampliamente el contralor General del Distrito Federal, Hiram Almeida, quien en su oficina de Tlaxcoaque 8, desmenuza el trabajo que han venido realizando sobre este tema, pero sobre todo, de lo que les falta por hacer.

Frente a su mesa de trabajo y teniendo a un costado la imagen del actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,el contralor refiere que esta investigación ha sido pesada pues se han revisado más de 10 mil fojas, contratos, bitácoras y hay más de 130 personas trabajando en el tema. Es un trabajo muy profesional, sobre todo el proyecto de 2008 a la fecha.

Para la administración capitalina, el informe de Systra es fundamental para saber qué paso y en el que aparecen un cúmulo de fallas a simple vista, por lo que salta a la duda sobre si alguién se benefició con ello.

—El funcionario se apura a contestar y refiere: “No bueno, yo creo que lo que entendemos en las conductas que podrían considerarse que hay alguna detrimento o afectación patrimonial son las que estamos derivando a la Procuraduría (General de Justicia del Distrito Federal) o imponiendo sanciones económicas en la misma proporción en la que generaron cierta afectación para el erario de la ciudad.

“Sí hay un detrimento por omisión o por dolo y en estos momentos estamos viendo si se pudo configurar alguna figura delictiva”, establece.

De los presuntos responsables que generaron este daño, destacan las 33 personas sancionadas y a las que les detectaron 55 irregularidades, mismas que se dieron a conocer en la primera etapa.

De ellas, 15 tienen ya un proceso abierto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

—Si bien manifiesta que se dio un paso importante, menciona que aún faltan distintos tramos de responsabilidad derivados de distintas etapas que van a seguirse concluyendo y con datos ciertos y duros, van a tener la posibilidad de terminar la investigación en el tema y dándo a conocer los nombres de los responsables de las fallas.

Según sus cálculos y por el volumen de las auditoríaa sobre las fallas detectadas en la controvertida Línea Dorada, terminarían la revisión hasta enero del próximo año. Pero, en un mes, estarían en posibilidades de dar algunos resultados de la segunda etapa.

Pero, adelanta, en los próximos informes que presente habrá algunos nuevos nombres implicados en diversas irregularidades, aunque no se animó a dar nombres o un número aproximado de sujetos.

Otro de los temas que más se ha cuestionado sobre esta obra de fin del pasado sexenio, es la contratación de los trenes y en el que Hiram Almeida informa aún están revisando

“Esa parte la estamos integrando, estamos analizando todos y cada uno de los antecedentes documentales y cualesquier versión que ha corrido con relación a esto. Nosotros estamos analizando la idoneidad del tren, la compatibilidad con la vía y con base en ello estamos analizando los temas de sanciones”establece.

Cuestionado sobre si fue un fraude la realización de esta obra, el funcionario es cauto en su respuesta y simplemente menciona que están revisando cuáles fueron las especificaciones, el diseño del proyecto, ver quiénes estaban en el servicio público y verificando si los materiales eran los requeridos o si se pidieron de otro tipo.

Oficial mayor. El supuesto caso de corrupción en la Oficialía Mayor por compra de llantas a precios alterados es otro de los temas que atañen a la dependencia, misma que Almeida capotea bien.

Edgar Armando González, implicado en este caso fue su compañero en la Procuraduría capitalina bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, pero eso no le otorga canonjías.

“Nosotros lo que estamos haciendo es integrando y revisando en todos los temas. Nuestra instrucción es muy clara de revisar la legalidad y revisaremos los temas que vienen contenidos en esos audios —en los que se escucha la voz del contralor realizando las negociaciones— y la autenticidad o no del contenido de estas grabaciones.

“Ya iniciamos nuestros procedimientos de queja e iniciamos las auditorias correspondientes”, deja en claro el funcionario.

Asegura que van a realizar peritajes a las grabaciones, independientemente de que el implicado ya las realizó, para determinar primero la autenticidad de las mismas y después establecer si es la voz de Edgar Armando.

Considera que en un lapso de 20 a 30 días estará en posibilidades de emitir una resolución al respecto y determinar si su compañero de gabinete es o no responsable de las imputaciones que se le hacen en las redes sociales.

Apego a la legalidad. Mientras se realizaba la entrevista, la famosa línea directa, esa que lo comunica con el jefe de Gobierno y miembros del gabinete, sonó en no menos de cuatro ocasiones, mismas en que Almeida reviraba tratando de saber quién lo buscaba.

El contralor es uno de los personajes más buscados por sus compañeros para destrabar algunos trámites o agilizar otros más. Pero la respuesta que da es la misma: “Que se apeguen a lo que dicta la ley”.

Reconoce que aún prevalece la cultura de la “mordida” en la ciudad y le preocupa en demasía, pero también destaca que cuenta con mecanismos de prevención y de sanción.

También menciona que hay mucha cifra negra al respecto pues muchos de los implicados deciden no denunciar pues prefieren eximirse del trámite mediante el pago de la dádiva.

La misión de la contraloría es hacer cada vez más correcto y transparente el funcionamiento de un gobierno y retomar la confianza de la gente.

“La contraloría ha tenido un giro, ha sido más proactiva y de mayor acercamiento hacia la ciudad. Tenemos a los contralores ciudadanos, que son más de 730, muchos de ellos son jóvenes que prestan el servicio social, hemos incrementado un 40% las auditorias realizadas en comparación al año pasado, tenemos sanciones impuestas en número mayoritario” expresa con orgullo.

Uno de los mecanismos que ha impulsado para prevenir la corrupción es la capacitación de funcionarios de todos los niveles mediante un curso en línea.

“Más de 15 mil personas ya acreditaron el curso, queremos servidores públicos más capaces, más aptos y en mejores condiciones para brindar el servicio a la ciudadanía con calidad” precisa.

Sobre este último aspecto comenta que en el último año aplicaron dos mil 36 sanciones a diversos funcionarios públicos, de las cuales 914 fueron suspensiones, 657 amonestaciones y 85 destituciones, además de 121 destituciones e inhabilitaciones.

También destaca que se han implementado diversos mecanismos para facilitar la denuncia de la corrupción de los funcionarios, incluso cuentan con un portal para los niños, donde el objetivo es cambiar la mentalidad en las nuevas generaciones para cortar de raíz este problema cultural.