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El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, buscará que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) certifique al personal de la Procuraduría capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública local, el sistema de reclusorios y de la dirección de Justicia Cívica del DF en materia de derechos humanos y la atención a las víctimas de delito.

“La Comisión Nacional, yo tengo conocimiento que va a adelantada en esta tarea, es decir, está en proceso de certificación, incluso de instancias del Ejército del país, así que tengo todo el interés de que el personal de la Procuraduría y el personal de la Secretaría de Seguridad Pública pueda estar también dentro de esta participación que siempre contribuye”, argumentó.

Tras participar en la instalación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas, en la Residencia Oficial de los Pinos, el mandatario capitalino dijo que otro de los compromisos de su gobierno será que para finales de año estén concluidos: el Refugio para víctimas de trata y el Centro de Justicia Integral para las Mujeres.

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera explicó que  gestionará ante la CNDH que se otorgue está certificación “en todos y cada uno de los puntos de contacto con la ciudadanía”.

Trazó que primero sería el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en la SSP capitalina. Luego los trabajadores de los reclusorios y quienes están en los juzgados cívicos del DF.

En esta tarea de certificación, precisó Mancera, también se involucrará a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cuya titular es Perla Gómez Gallardo.

Sobre  Refugio para víctimas de trata y el Centro Integral de Justicia para la Mujer, Mancera precisó que este año “debe estar necesariamente terminados”.

Con respecto a su participación en la Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el jefe de Gobierno capitalino, como parte de la Comisión de Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), lanzó un llamado para que haya un modelo de homologación de los criterios en la aplicación de la Ley General de Atención a Víctimas y así tener uniformidad entre todos los gobiernos estatales.

“¿Cuál es la idea? Que no suceda o que no vaya a suceder lo que pasó con el sistema acusatorio, que se lanza el planteamiento del sistema acusatorio y después cada quien hace sus respectivos ordenamientos legales y cada quien hace establece una forma para la atención, otra forma para la contención, un protocolo diferente para los casos de ausencia”, delineó.