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El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, propone para la capital del país una Constitución.

En la iniciativa de reforma política que entregó al Consejo Rector del Pacto por México, Mancera Espinosa sugirió clarificar las facultades que el presidente de la República y el Congreso de la Unión tendrán respecto a la Ciudad.

En el caso del presidente, se acota su facultad para remover al mando directo de la fuerza pública capitalina (secretario de Seguridad Pública). Sólo podría hacerlo “por causas graves que pongan en riesgo el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión”.

El Congreso de la Unión podría “intervenir” en materia de deuda pública. Actualmente, la Constitución lo faculta para “legislar” en torno a la deuda pública de la capital. El titular del Ejecutivo federal también podría intervenir en este proceso.

La propuesta plantea desaparecer la fracción IX del artículo 76 constitucional que faculta al Senado para nombrar y remover al jefe de gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, el documento contempla la posibilidad de que esa cámara determine la desaparición de poderes en la Ciudad de México.

A su vez, confiere al órgano legislativo local (Asamblea Legislativa del Distrito Federal) la facultad de iniciar leyes o decretos con impacto federal.

El texto también precisa —en la redacción del artículo 124 constitucional— que “las facultades que no están expresamente concedidas” por la Constitución a los funcionarios federales “se entienden reservadas a los estados y a la Ciudad de México”. La reforma política de Miguel Ángel Mancera prevé modificaciones a los artículos 40, 41, 43, 44, 71, 76, 122, 124 y 135 de la Constitución.

Este planteamiento —así como el presentado por el PAN— será analizado, a partir de hoy, en la mesa temática del Pacto por México.

El jefe de gobierno ha externado su deseo de que la reforma para el Distrito Federal se apruebe este año.

Rechazan reelección

En el documento, Mancera pide que haya un reconocimiento expreso de la ciudad como integrante de la Federación. A su vez, propone denominarla Ciudad de México y mantener su carácter de sede de los poderes de la Unión, aclarando que en caso de que estos se trasladaran a otra entidad de la República, el DF pasaría ser un estado más “con la denominación que el Congreso federal le asigne”.

Clarifica que los legisladores de la ciudad no podrán ser reelectos de forma inmediata y que el titular del Ejecutivo local “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho”. Será la Constitución local la que establecerá los requisitos que deberán reunir aspirantes a encabezar el gobierno local.

La propuesta de reforma política entregada por el jefe de gobierno prevé crear el Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro. Ese organismo, en coordinación con los municipios conurbanos acordaría acciones para mejorar la prestación de servicios en materia de asentamientos humanos; protección al medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, así como seguridad pública.

El Congreso de la Unión sería el poder encargado de expedir la normatividad para regular dicho consejo.

En materia delegacional propone crear un órgano colegiado encargado de supervisar y evaluar acciones y ejecución del gasto de jefes delegacionales, quienes no tienen contrapesos.

Estos órganos serían electos de forma similar a la de los legisladores, es decir, una parte por el principio de mayoría relativa y otra por representación proporcional.