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PGJ captura a 7 por tirar cascajo sin permiso en Álvaro Obregón

Allan López| El Universal
Lunes 14 de octubre de 2013
PGJ captura a 7 por tirar cascajo sin permiso en lvaro Obregn

ECOCIDIO. Leonel Luna y Rodolfo Ríos, ayer, en conferencia de prensa. (Foto: MICHEL NARVAEZ EL UNIVERSAL )


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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo a siete personas quienes fueron sorprendidos tirando cascajo en la barranca Tarango en la delegación Álvaro Obregón; en las pesquisas se aseguraron dos vehículos de carga y una retroexcavadora.

El delegado, Leonel Luna, dijo que la detención se realizó luego de una denuncia ciudadana.

En un recorrido con policías, y al llegar a la avenida 5 de Mayo, en la colonia Arturo López, los uniformados descubrieron un tiradero clandestino de cascajo.

Gracias a eso se logró asegurar a José Luis “N”, operador de la retro excavadora; Mauricio “N”, conductor de uno de los camiones; José Manuel “N”, presunto propietario de uno de los vehículos de carga; Juan “N”, quien traspaleaba el cascajo y emparejaba el desperdicio; Rodolfo “N”, acusado de guiar a los camiones; José Gabriel “N”, quien cobraba y permitía el ingreso al predio; y Laura Ivett “N”, presunta propietaria del terreno.

Además se aseguraron un camión marca Kenworth, tipo volteo, con placas del servicio público federal; un tractocamión marca Dina, tipo volteo, también con placas federales; y una retro excavadora conocida como “mano de chango”.

En una extensión de 900 metros cuadrados se localizó un depósito de seis mil metros cúbicos de residuos como tepetate, cascajo y piedra, además de 20 metros cúbicos de grava y arena.

La dependencia detalló que el daño ambiental por el traslado y derechos de disposición en un Centro de Transferencia autorizado supera los 16 millones de pesos.

Las pesquisas se dieron en coordinación entre la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental.

La PGJDF indicó que los presuntos responsables podrían alcanzar de tres a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días de salario mínimo como multa.



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