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Crear un Protocolo de Actuación y uso de la fuerza pública y la creación de lineamientos para que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y de la federación no evadan su responsabilidad ante las demandas y manifestaciones que se realicen en la ciudad, son algunas de las propuestas que integra la iniciativa de Ley para el Uso de las Vías y los Espacios Públicos del DF presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF).

La iniciativa, que será presentada el próximo martes, prevé que en las manifestaciones en las que participen más de mil personas intervengan las autoridades federales, en coordinación con las de la ciudad.

Además, la Secretaría de Gobierno tendrá la atribución de atender de manera oportuna a los grupos que se manifiestan en busca de soluciones a sus demandas, ofrecer alternativas y fungir como enlace con las áreas competentes, así como la instalación de la Unidad Especializada en Convivencia Urbana como el mecanismo de atención especializada en movilizaciones en los espacios públicos.

Realizar un monitoreo para el seguimiento de las diferentes movilizaciones ciudadanas que se realicen. Se establece que se deberá considerar el modo y lugar, grupo organizador, número de participantes, peticiones y demandas, impacto social, riesgos en el recorrido y la identificación de los puntos vulnerables, entre otros.

Crear los mecanismos institucionales de canalización de los conflictos y demandas de los manifestantes y emitir un dictamen de impacto social cuando se tenga conocimiento de una marcha.

En cuanto a la contención de las manifestaciones, cuya atribución corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se establece la creación, y valoración por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF, del Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes. La policía deberá garantizar el ejercicio de los derechos de manifestación y libre expresión.

Para la liberación de vialidades en caso de bloqueo y dispersión de manifestantes, la SSP deberá emplear en primera instancia el diálogo.

Por otro lado, el PRD presentó una iniciativa para reformar el artículo 287 del Código Penal para incrementar la pena de cárcel en el capítulo de “Ultrajes a la Autoridad” con lo que se pretende incrementar la pena a quien la cometa, actualmente la sanción es de seis meses a dos años de prisión y la reforma plantea que sea de tres a cinco años. El dictamen está en análisis.