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El presidente Enrique Peña Nieto presentó en septiembre a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Constitución en materia de seguridad social universal, dentro de la reforma hacendaria.

El documento señala que es acorde con los compromisos del Pacto por México y basada en las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 para fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores.

Entre los requisitos para acceder a ésta, está contar con 65 años de edad a partir de 2014, rango que será modificado cada cinco años, de acuerdo con la esperanza de vida, según el Consejo Nacional de Población y no estar pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Deberá de ser residente en México y estar inscrito en el Registro Nacional de Población y tener un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos (unos 971.4 pesos). El documento establece que aquellas personas que tienen ingresos mayores a los 15 salarios mínimos, no tienen necesidad de recibir una pensión del Estado. El monto objetivo mensual de la pensión universal es de mil 92 pesos, que será actualizado cada año.

En cuanto a los apoyos que otorgan a los adultos mayores algunas entidades, como el Distrito Federal, se establece que podrán seguirse aplicando durante un periodo de transición de 15 años y siempre y cuando no rebasen ese monto objetivo mensual (mil 92 pesos).

Para conservar el derecho a recibir el pago de la pensión universal, los beneficiarios deberán cumplir periódicamente acreditación de supervivencia, atender los esquemas de prevención en materia de salud y no ser pensionado.

También se prevé beneficiar a los extranjeros, siempre y cuando demuestren tener al menos 25 años de residencia en México.