Desde que los habitantes de la ciudad de México recuperamos derechos políticos básicos en 1997, los gobernantes del Distrito Federal han actuado desde una plataforma institucional y administrativa incompleta. El DF no es un estado libre y soberano ni tiene una constitución. La Asamblea legislativa no tiene autoridad plena sobre los ingresos de la ciudad. El Jefe de gobierno tiene sus facultades de nombramiento acotadas por la intervención del presidente de la República en la designación del procurador local y del secretario de seguridad pública. Y las delegaciones políticas son autoridades carentes de autonomía y recursos.

Pese a ello, los gobernantes de la ciudad electos han podido tener un efecto transformador en la ciudad y han marcado agenda en la política nacional. Esto se ha debido a tres factores: el DF cuenta con más recursos propios que cualquier entidad federativa y, por tanto, tiene mayores márgenes de acción al no depender solo de fondos transferidos; el Jefe de Gobierno ha sido una de las principales figuras de oposición al gobierno federal (y, en ocasiones, la más importante); y, por el centralismo de la vida pública y la concentración de medios de comunicación en la ciudad, ha sido uno de los políticos más visibles e influyentes en la discusión nacional.

Así, aunque no han estado exentos de malas decisiones, colaboradores indefendibles, políticas cuestionables y coyunturas desfavorables, los gobernantes de la ciudad de México han iniciado importantes debates públicos sobre derechos ciudadanos (por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo). También han innovado con políticas públicas (como la pensión a adultos mayores, el Metrobús, el seguro de desempleo, las becas a estudiantes de preparatoria, o la Ecobici y los paseos ciclistas) que, aunque criticadas de inicio, se han vuelto parte del repertorio de acción de varios gobiernos estatales e incluso algunas han sido adoptadas por el gobierno federal. Y han actuado, en momentos cruciales, como contrapeso informal a los poderes federales.

El actual gobierno de la ciudad tiene por delante el desafío de construir una agenda de futuro. Gobernar la ciudad no es solo responder a la coyuntura de las marchas, las catástrofes o las crisis del momento. Tampoco se reduce a administrar lo rutinario: recoger la basura, limpiar los parques y continuar con los programas existentes. Ni puede basarse solo en evitar la confrontación, pues la cooperación y la colaboración son instrumentos de gestión para lograr otros propósitos, no fines en sí mismos.

En El triunfo de las ciudades, el profesor Edward Glaeser explica que las ciudades pueden ser el espacio más propicio para detonar la prosperidad, fomentar la convivencia civilizada y facilitar el intercambio de ideas. La ciudad de México es ya una metrópoli reconocida mundialmente por algunas políticas públicas innovadoras e identificada por su activismo legislativo. Con todo, la desigualdad entre sus habitantes, la inseguridad pública, los enormes obstáculos para la movilidad, y el desorden en el crecimiento urbano exigen políticas públicas audaces y novedosas. Y la búsqueda de ampliar los derechos ciudadanos requiere también propuestas políticas ambiciosas. No basta con administrar la ciudad, hay que seguir inventándola.

*Profesor-investigador del CIDE, @gmocejudo