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El Gobierno del Distrito Federal (GDF) busca endurecer los procedimientos administrativos y penalidades para combatir la violación de uso de suelo en la Ciudad de México mediante reformas a cuatro leyes y códigos del DF.

En el planteamiento, que es analizado por diversas dependencias capitalinas, las autoridades locales pretenden que los servidores públicos, directores responsables de obra, los gestores y los dueños de los predios puedan alcanzar una penalidad de cuatro meses a siete años de prisión por expedir, no supervisar, tramitar y vender, respectivamente, un inmueble sin contar con el uso de suelo correspondiente.

De acuerdo con los proyectos de reforma al Código Penal, Ley de Desarrollo Urbano, Ley Registral y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, la administración de Miguel Ángel Mancera prevé facultar al Ministerio Público para que pueda solicitar el aseguramiento de un inmueble que sea parte de un proceso administrativo ante la presunción de irregularidades de violación de uso de suelo.

El proyecto es analizado por una comisión integrada por diversas dependencias del GDF para afinar la propuesta y presentarla al mandatario capitalino, para que luego sean remitidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde tendrán que aprobarse.

Fuentes consultadas comentaron que, en términos generales, el espíritu de las modificaciones para endurecer el marco legal se mantendrá, pero podría haber cambios en algún planteamiento de reforma.

En los proyectos de reformas —a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL— se argumenta que se requiere dar certeza y transparencia sobre los procedimientos para autorizar una obra, a fin de que las construcciones se realicen con respeto a planes y programas de desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

En el proyecto de cambios al Código Penal y de Procedimientos Penales del DF, se expone que “se considera necesario —por su gravedad— desalentar la conducta de servidores públicos que, contraviniendo los principios de legalidad e imparcialidad que rige su función, alteran, incorporan o destruyen información”, para expedir usos de suelo en contravención con los programas urbanos vigentes. La sanción propuesta es de dos a siete años de prisión y multas de 25 a 250 días de salario mínimo.

En el caso de los directores responsables de obra —conocidos como DRO— que permitan o autoricen una construcción sin apego a la licencia u ordenamiento, la penalidad proyectada es de cuatro a seis meses de prisión y multas de entre mil y 10 días de salario mínimo.

La misma sanción se le podría imponer al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor que permita la edificación sin apegado a la autorización que tienen.

Se añadiría un artículo 273 BIS para que el agente de Ministerio Público pudiera obtener el aseguramiento del folio real correspondiente o de una construcción materia de una averiguación previa.

Además, se analizan modificaciones a la Ley Registral del DF, con lo que se busca ampliar el número de dependencias capitalinas que “custodien” el folio real del predio, para impedir que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, siempre y cuando haya de por medio un procedimiento administrativo que presuponga la violación de uso de suelo.