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Diputados quieren explicaciones

Phenélope Aldaz| El Universal
Martes 23 de julio de 2013
Diputados quieren explicaciones

CAMBIO. El caso de la construcción de la Supervía es uno de los más representativos en la gestión del ombudsman capitalino. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )


phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx  

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) alista una modificación al artículo 65 Bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para citar a comparecer a los funcionarios públicos que no acaten las recomendaciones que emita dicho organismo.

Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, informó que la iniciativa contempla a todos los niveles de la administración pública, incluyendo al jefe de gobierno.

Indicó que además se evalúan las posibles sanciones a las que se harán acreedores los servidores públicos que no cumplan con las recomendaciones emitidas.

La diputada perredista apuntó que con esta modificación también se eliminará la posibilidad de que las recomendaciones sean aceptadas de manera parcial.

“Vamos a modificar la Ley para que la aceptación sea total, ya no se verán aceptaciones parciales. Una recomendación se acepta o no, y quien no la acepte tendrá que venir a comparecer, previo acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea”, explicó.

Dinorah Pizano reconoció que durante la pasada administración hubo un importante número de recomendaciones que no fueron aceptadas, sin embargo, han sido retomadas por la actual administración.

Precisó que esta iniciativa será concretada una vez que se concluya el proceso de elección o ratificación del titular de la CDHDF, por lo que esperan que para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, sea discutida por el pleno de la Asamblea Legislativa.

Durante una mesa de trabajo, como parte del proceso de elección o ratificación del presidente de la CDHDF, el ombudsman recordó que uno de los casos más controvertidos que enfrentó fue el de la Supervía.

“No sólo por evidenciar las violaciones a derechos humanos que se cometieron con su construcción, sino porque demostró dos cosas relevantes: uno, que la autonomía y la fortaleza técnica de un organismo de derechos humanos alcanza para desafiar al poder económico y dos, que es posible denunciar a la más alta autoridad de esta ciudad, asumiendo el costo político de ello”, expresó.



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