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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció contra el establecimiento de sanciones para quienes participan en movilizaciones y recordó que la restricción de derechos es propia de gobiernos autoritarios.

En vez de sanciones, sugirió generar medidas que ayuden a los ciudadanos a hacer frente a los problemas derivados de una movilización, como cambiar horarios de ingreso al trabajo o generar rutas alternas.

Desde el punto de vista de la comisión, las alertas viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) son insuficientes ante las manifestaciones.

“El establecimiento de nuevas penas, así como el incremento de las ya existentes, no constituye un mecanismo adecuado para la consolidación de una democracia basada en los derechos humanos”, concluyó la institución a través del estudio Manifestación, Movilidad y Derechos Humanos: Una propuesta de aproximación desde los Estándares Internacionales.

La posición del organismo, encabezado por Perla Gómez, se contrapone al dictamen aprobado por las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados que propone —mediante la creación de una ley de marchas aplicable sólo en la capital del país— sancionar a quienes agredan a personas o dañen bienes públicos y privados, durante una marcha.

Leyes contrarias

También es contraria a las reformas al Código Penal local aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) —y vetadas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera— que planteaban endurecer las sanciones para quienes cometieran ultrajes a la autoridad y causaran daños patrimoniales, en el marco de una manifestación.

La conveniencia de regular las manifestaciones en esta ciudad comenzó a discutirse a raíz de las marchas organizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La CDHDF pidió a la Asamblea guiar sus esfuerzos de regulación de fenómenos sociales como las marchas sin restringir los derechos humanos. Aclaró que una regulación de movilizaciones también aplicaría a peregrinaciones.

Aclaró que los conflictos durante las marchas se deben, más que a la manifestación en sí, a la ausencia de una política pública de movilidad.

Recordó que dentro de los tres modelos de regulación de marchas identificados por el organismo, el punitivo (que contempla sanciones para quienes las realizan) es característico de “gobiernos autoritarios” que buscan regular el ejercicio de los derechos de las personas.

La implementación de este modelo, consideró, “resulta contraria al modelo de una sociedad democrática basada en el respeto”.

El estudio generado por la CDHDF será enviado a los legisladores federales y locales.